El gobierno del presidente Bernardo Arévalo denunció penalmente este jueves por «incumplimiento de deberes» a la cuestionada fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quien emprendió en 2023 una cruzada judicial que puso en riesgo la transición presidencial.
La denuncia fue presentada ante la Corte Suprema por el procurador general (abogado del Estado), Julio Saavedra, quien pidió el retiro de la inmunidad para la jefa de la Fiscalía.
«Esta querella se genera ante la negativa de la fiscal general de atender la convocatoria que le hizo el presidente de la República para participar en la junta de gabinete del pasado 29 de enero«, informó el procurador, quien actuó por «instrucciones» del mandatario socialdemócrata.
En aquella reunión en la Casa Presidencial, Porras se retiró anticipadamente al argumentar que la ley le prohibía participar en una junta de ministros, pues infringía la autonomía del Ministerio Público (Fiscalía).
Sin embargo, Saavedra señaló que la ley del Ministerio Público le obliga al fiscal general a «atender las convocatorias del presidente«.
«El rehusarse a participar en esa junta de gabinete, podría enmarcarse en una conducta delictiva […] como incumplimiento de deberes«, afirmó.
«Denuncia espuria»
Sin embargo, la Fiscalía rechazó la denuncia contra Porras, afirmando que ella actuó conforme a la ley.
«La decisión de la Fiscal General está debidamente fundamentada en lo que establece la ley, por lo que se considera que la solicitud del retiro de antejuicio, adolece de sustento legal, siendo espuria y con un posible origen político con el fin de obstruir la justicia«, indicó la Fiscalía en un mensaje enviado a la AFP.
El Procurador General de la Nación de Guatemala (abogado del Estado), Julio Saavedra, habla con los periodistas AFP
Argumentó que la fiscal solo tiene la obligación «de acudir a un gabinete específico, integrado por los ministros y para los fines que se establezcan en un Acuerdo Gubernativo [orden firmada por el presidente y algunos ministros] que le dé vida, no obstante, en dicha reunión no había ningún acuerdo gubernativo para el efecto«.
Arévalo ganó ampliamente las elecciones con la promesa de combatir la corrupción que afecta al país, lo que encendió las alarmas de la élite político-empresarial que controlaba Guatemala.
La comunidad internacional atribuye a este temor los esfuerzos de la fiscal para tratar de sacar del camino a Arévalo con polémicas investigaciones contra él y su partido Semilla, que fue inhabilitado por la justicia por pedido de la fiscalía.
Arévalo carece de facultad legal para remover del cargo a Porras, pero le ha pedido públicamente que renuncie, tras acusarla de haber orquestado un intento de «golpe de Estado» con maniobras judiciales para evitar que él asuma la presidencia.
La fiscal está sancionada desde 2021 por Estados Unidos, que la considera «corrupta» y «antidemocrática». La Unión Europea también la sancionó el pasado 2 de febrero.
Washington y la Unión Europea la señalan de «socavar la democracia» por sus polémicas investigaciones y decisiones, entre ellas una que consideraba «nulas» las elecciones de 2023 ganadas por Arévalo.
«Un potencial golpe»
La diputada oficalista Andrea Reyes explicó a la AFP que si la Corte Suprema da luz verde a la querella, la decisión de retirar la inmunidad de Porras recaerá en el Congreso, donde la mayoría de parlamentarios ha mostrado afinidad con el nuevo gobierno.
Reyes señaló que la continuidad de Porras en el puesto representa «un potencial golpe de Estado», porque «ella no se ha detenido con sus planes«.
La fiscal general, quien se niega a dejar el cargo, invitó a Arévalo a una reunión de trabajo en la Fiscalía a inicios de febrero, pero éste rechazó la invitación y la delegó al ministro del Interior, Francisco Jiménez.
«Esta va a ser una de varias acciones que se estarán emprendiendo por parte del Ejecutivo en contra de todos aquellos actores corruptos, aquellos actores que están en contra del Estado de derecho«, apuntó el secretario general de la Presidencia, Juan Guerrero, quien acompañó al procurador a la Corte Suprema.
NAM – AFP
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