La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, instó al gobierno venezolano a reconsiderar su decisión de abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), al advertir que esta medida podría afectar los mecanismos internacionales de justicia para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
La reacción de la misión ocurre luego de que Caracas notificara formalmente a la Organización de Naciones Unidas (ONU) su decisión de denunciar el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, e iniciar el proceso de retiro del tribunal con sede en La Haya. El anuncio fue realizado por el canciller venezolano Félix Plasencia, quien aseguró que la salida era una decisión “firme e irrevocable” tomada por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Según la posición oficial del Ejecutivo venezolano, la CPI habría actuado bajo un supuesto “sesgo geográfico” contra países del llamado Sur Global y habría utilizado la justicia internacional con fines políticos. Caracas también acusó al tribunal de aplicar una persecución judicial contra Venezuela.
Sin embargo, la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU considera que la permanencia de Venezuela dentro del sistema de justicia penal internacional es fundamental para garantizar que continúen los esfuerzos de investigación y rendición de cuentas por denuncias de torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias documentadas durante los últimos años.
NAM-Agencias
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