Una vez concluido el trámite administrativo necesario, el Consejo de Ministros del Gobierno de España ha acordado este viernes, en reunión ordinaria, dar la orden de sacar el cuerpo de Francisco Franco de su actual emplazamiento en el Valle de los Caídos. Así lo acaba de anunciar la ministra española de Justicia, Dolores Delgado, que se ha referido a esta medida como el cumplimiento de una «responsabilidad histórica» asumida por el gabinete al que pertenece.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez procede así en contra de los deseos y alegaciones de los familiares del dictador, que disponen ahora de 15 días para escoger un lugar en el que depositar los restos mortales. En todo caso, ese lugar debe cumplir con «los requisitos que permitan garantizar el orden público y la seguridad ciudadana», tal como ha indicado recientemente el Ejecutivo, lo cual excluye la Catedral de la Almudena, situada en el centro de Madrid, donde la familia tiene dos tumbas disponibles.
La orden de este viernes llega, tal como ha recordado Delgado en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial, 6 meses después de que el Congreso aprobase el decreto ley que la ampara jurídicamente, a través de una modificación de la Ley de Memoria Histórica.
Una decisión precedida por la polémica
Desde que el Gobierno expresara su intención de acometer el traslado de los restos, la polémica al respecto ha formado parte de la actualidad social y política de España, y las reacciones se han ido sucediendo a lo largo de los meses.
Una de las más significativas fue la aparición, en julio del año pasado, de una campaña anónima en las calles de España y en las redes sociales, que incluía carteles con fotografías de Franco y la imagen de la cruz del Valle de los Caídos, todo ello junto al lema ‘El Valle no se toca’.
Dos semanas más tarde, alrededor de un millar de personas de ideología franquista se manifestaban en el propio Valle de los Caídos en señal de protesta por el anuncio del Gobierno de proceder a la exhumación de los restos del dictador. La convocatoria había sido realizada por un grupo de ultraderecha que propuso «una peregrinación nacional patriótico-religiosa» para impedir «el expolio que los rojos pretenden perpetrar».
NAM/RT
