¡RECIBIÓ AMENAZAS! «Si no pagaba la cremación, me darían las cenizas de cualquiera»: Madre de joven repatriado fallecido en el sismo denuncia extorsión

La madre de Daniel Núñez, un joven venezolano recientemente repatriado a través del programa oficial gubernamental, Vuelta a la Patria, que falleció a causa de los terremotos registrados en el país, formuló una denuncia pública sobre las presuntas irregularidades económicas y la falta de asistencia institucional que enfrentó para recuperar el cuerpo de su hijo.

Oswadeliz Núñez, quien ejerce como abogada, afirmó haber sido víctima de cobros arbitrarios por la cantidad de 600 dólares estadounidenses en el marco de los procedimientos funerarios de emergencia posteriores a los sismos.

Según su testimonio expuesto en plataformas digitales, el desembolso de dicha suma le fue exigido de manera perentoria bajo la amenaza explícita de que, en caso de no cancelar el monto requerido por los encargados del servicio, las autoridades del recinto le entregarían restos mortales correspondientes a otra persona, asegurando textualmente que si no pagaba la cremación le darían «las cenizas de cualquiera».

Asimismo, Núñez reprochó la actuación de los organismos de seguridad y de los coordinadores del plan estatal de retorno, señalando una severa descoordinación en el manejo de la información durante los momentos críticos del desastre natural.

La madre relató que estuvo buscando activamente a su hijo junto a familiares y amigos en diversos centros hospitalarios durante cinco días bajo la falsa expectativa de que se encontraba con vida, motivada por reportes iniciales emitidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que aseguraban falsamente que su hijo había sido rescatado de los escombros.

Ñúñez fustigó severamente la gestión de las dependencias estatales involucradas en la recepción de los connacionales, enfatizando que no se le notificó oportunamente sobre la llegada de Núñez y los más de 146 venezolanos deportados desde Estados Unidos al país y sosteniendo que la posterior tragedia se pudo haber evitado si se hubiese permitido el traslado inmediato de los repatriados hacia su hogar.

Esta denuncia se suma a una serie de reportes emergentes en las zonas afectadas de Caracas y La Guaira, donde diversos usuarios de redes sociales y profesionales de la comunicación han comenzado a visibilizar la proliferación de cobros excesivos, que oscilan entre los 450 y los 600 dólares, aplicados a los familiares de los fallecidos bajo el concepto de trámites de inhumación, contratación forzosa de funerarias privadas y servicios de cremación.

Ante lo que calificó como una situación de desprotección absoluta y una negligencia cruel por parte del aparato institucional en medio de la crisis sísmica que atraviesa la nación, la madre de la víctima exigió formalmente el inicio de una investigación penal y el debido esclarecimiento de las responsabilidades administrativas del caso, concluyendo con un enérgico llamado a la judicatura local al sentenciar que este hecho delictivo no puede quedar en la impunidad.

NAM-Al Navío