Tras las acusaciones del Gobierno venezolano contra España, el Ministerio de Exteriores, que dirige José Manuel Albares, ha querido salir al paso y desmentir «rotundamente» cualquier insinuación de que nuestro país esté implicado «en una operación de desestabilización política en Venezuela».
Hay que recordar que el Ejecutivo chavista aseguró que España «iba a suministrar mercenarios» para una supuesta operación dirigida por Estados Unidos. Es más, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, informó de que dos españoles detenidos en el país caribeño tenían vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España y que fueron arrestados por su implicación en una supuesta operación para llevar a cabo actos «terroristas», entre ellos asesinar a Nicolás Maduro.
En un comunicado, el Ministerio de Exteriores ha manifestado que el Gobierno ha constatado que los dos españoles detenidos, José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, «no forman parte del CNI ni de ningún otro organismo estatal» y ha insistido en que «España defiende una solución democrática y pacífica a la situación en Venezuela».
«Injerencias» de España
El pasado viernes, el ministro de Relaciones Exteriores de Nicolás Maduro, Yván Gil, advirtió de que no permitirían «ninguna acción injerencista por parte del Gobierno de España en asuntos que son de competencia exclusiva de los venezolanos y venezolanas». Es más, añadió que Venezuela «adoptará las medidas necesarias en el marco del derecho internacional y la Diplomacia Bolivariana de Paz, para proteger su soberanía».
Unas palabras que se traducían en la llamada a consultas del embajador español en Caracas y de su embajadora en España, Gladys Gutiérrez, que abandonó Madrid. El origen de esta crisis diplomática, más allá del ofrecimiento al líder opositor venezolano, Edmundo González, fueron las palabras de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, quien se refirió al Gobierno venezolano como «dictadura». Para el Gobierno de Venezuela, esas palabras son «insolentes, injerencistas y groseras», y apuntaban a «un deterioro de las relaciones entre ambos países».
Una detención mediática
En la tarde de ayer el ministro del Interior de Venezuela anunciaba la detención de dos ciudadanos españoles acusados de planear «actos terroristas» para «desestabilizar el país» e intentar atentar contra Nicolás Maduro. Su detención fue enmarcada dentro de una operación en la que también se arrestó a tres ciudadanos estadounidenses y un checo, y en la que fueron incautadas más de 400 armas.
«Sabemos que van a decir que es mentira, pero estos ciudadanos tienen vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia de España. Estas personas están rindiendo declaración, informando, sus teléfonos dejan clara la tarea que venían a hacer en Venezuela», dijo mostrando los pasaportes de los capturados.
A última hora de la noche, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español confirmaban que la embajada en Caracas había remitido una nota verbal al Gobierno venezolano «pidiendo el acceso a los detenidos, con el fin de verificar sus identidades y su nacionalidad», además de «conocer de qué se les acusa exactamente para que puedan recibir toda la asistencia necesaria». Desde el departamento de Albares aseguraron que «la Embajada velará en todo momento por la protección y los derechos de cualquier español detenido en Venezuela» y negaron cualquier implicación de los detenidos con el CNI.
NAM/La Razón
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