La desintegración del Estado venezolano se produjo ayer cuando el único poder con legitimidad política y jurídica del país, la Asamblea Nacional (Parlamento), fue tomado por asalto por un grupo de diputados chavistas y opositores (acusados de ser corrompidos por el chavismo) junto a la Guardia Nacional.
Precisamente, la degradación jurídica de ese poder clave en la dinámica política venezolana, y que ha sido objetivo de un golpe de Estado institucional continuado por parte del gobierno de Nicolás Maduro y sus brazos políticos dentro del Estado desde el año 2016, ha llevado a que el Parlamento esté profundamente dividido en dos sistemas políticos: la AN controlada por fuerza por el gobierno de Maduro y la AN legítima y real que preside Juan Guaidó (mayoría opositora electa en 2015).
Y es que según el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafalli, profesor de derecho constitucional de la UCV, afirma que el Parlamento nacional no es la sede física del Palacio Federal Legislativo, sino el grupo de diputados reunidos bajo las normas que los rigen.
“El Parlamento nacional no es el Palacio Federal Legislativo, es el grupo de diputados reunidos bajo las normas que lo rigen, la Constitución y el reglamento de Interior y de Debate”, explicó en una entrevista al medio digital TV Venezuela.
Esto implica que, por encima del argumento falaz del chavismo y su junta directiva designada por la fuerza el 5 de enero, el único Parlamento legítimo es el conjunto de diputados de mayoría calificada opositora que, según el reglamento interno, pueden reunirse en cualquier ciudad o sitio del país, por lo cual la validez jurídica de ese cuerpo colegiado no radica en su sede física original, sino en estar constituidos como un organismo político, administrativo y del Estado agrupados como ente apegado a la Constitución.
«Para que se de la designación y juramentación constituicionalnente válida de la Directiva de la AN, debe haber quórum, sesión y mayoría de votos con apego al Reglamento Interior y de Debates. De lo contrario es írrita», explicó Rafalli.
Según este argumento del experto, la conformación de la junta directiva paralela impuesta ayer por el chavismo no tiene validez jurídica debido a que no fue electa con mayoría absoluta ni con el procedimiento legal estipulado en el reglamento de la AN y en la Constitución, por lo cual su existencia es en pleno de facto e írrita, así como también políticamente simbólica.
Este nuevo hecho político se constituye como un golpe de Estado institucional continuado que terminó de acelerar un fuerte ciclo de tensiones políticas que, de manera progresiva, se han acumulado para originar una implosión dentro del Estado y en la sociedad venezolana ante la magnitud de la crisis económica como estado continuo de desgaste del país en todos los sectores de la vida nacional.
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— TVV Noticias (@TVVnoticias) January 6, 2020
Ricardo Serrano
