La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela designó este miércoles al abogado especialista en derechos humanos y afín al chavismo, Larry Daniel Devoe como fiscal general encargado, después de que Tarek William Saab presentara al Legislativo su renuncia al cargo.
Larry Daniel Devoe es un profesional del derecho, formado en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, con especialización en áreas como ciencias penales y criminológicas. Además, tiene estudios de posgrado en derecho constitucional, democracia y derechos humanos realizados en España.
Antes de llegar a la Fiscalía, Devoe se desempeñaba como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y ha sido representante del Estado venezolano en diversos foros internacionales, incluyendo organismos relacionados con los derechos fundamentales.
Perfil público y controversias
Aunque su carrera se ha movido en torno a derechos humanos y representación jurídica del gobierno, la designación de Devoe no está exenta de críticas fuera de Venezuela. En 2019, fue sancionado por el gobierno de Canadá bajo la Ley de Medidas Económicas Especiales, en una lista de funcionarios acusados de contribuir al deterioro de la situación democrática en su país.
Este detalle añade una capa compleja al nombramiento, pues coloca a la nueva cabeza del Ministerio Público bajo escrutinio internacional inmediato.
El relevo en la Fiscalía ocurre en un momento en que Venezuela vive ajustes institucionales, incluidos cambios de altos funcionarios y la aprobación reciente de una Ley de Amnistía que despierta debate en la región.
Saab, que estuvo al frente de la Fiscalía desde 2017, pasó rápidamente a la Defensoría del Pueblo de manera provisional tras presentar su dimisión ante el Parlamento chavista.
El nombramiento de Larry Daniel Devoe como fiscal general encargado tiene implicaciones que van más allá de una simple transición burocrática. En Venezuela, la Fiscalía no es un organismo técnico aislado: históricamente ha sido un actor con peso político al intervenir en casos sensibles que involucran desde investigaciones por supuesta corrupción hasta asuntos ligados a derechos humanos y persecución política.
El liderazgo de esta institución influye directamente en la credibilidad de la justicia en un contexto en el que la separación de poderes y la independencia judicial han estado cuestionadas por sectores críticos al gobierno.
Además, la percepción internacional del sistema judicial venezolano puede verse afectada por quién ocupa este cargo. Devoe no solo es cercano al gobierno y ha defendido su postura en foros internacionales, sino que también está sancionado por el gobierno de Canadá, lo que coloca su gestión bajo un foco crítico externo.
NAM/LaFM
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