Cinco opositores decidieron el lunes poner punto y final a sus mandatos como legisladores, pese a la declaratoria de “continuidad constitucional” que aprobó la Asamblea Nacional en una sesión que dejó más dudas que certezas.
En Venezuela el cuadro es crítico para la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro. Pero la situación amenaza con ponerse peor en los próximos días.
A menos de 24 horas de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, varios legisladores de las fuerzas democráticas hicieron del conocimiento público el fin de su mandato, que se vence teóricamente el 5 de enero.
Stalin González (proveniente de las filas de Un Nuevo Tiempo); Marialbert Barrios y Rafael Guzmán (Primero Justicia, centroderecha), Jesús Yánez y Dennis Fernández (Acción Democrática, socialdemócrata) escribieron en sus cuentas de Twitter que el “ciclo” como diputados había llegado a su fin.
“Se cierra un capítulo lleno de aprendizajes, de grandes aciertos, pero también de errores. Sin embargo, no me detuve porque para alcanzar la libertad y el bienestar de los venezolanos no hay obstáculo que valga”, fueron las palabras que escribió González, quien había dicho en un artículo de opinión que las fuerzas democráticas no podían ser como el chavismo, en alusión directa a la declaratoria de “continuidad constitucional” que hizo la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, en una polémica sesión en la que salvó su voto Acción Democrática, un partido clave en la coalición.
Hoy se cierra un capítulo lleno de aprendizajes, de grandes aciertos pero también de errores de los que estoy consciente. Sin embargo, no me detuve porque para alcanzar la libertad y el bienestar de los venezolanos no hay obstáculo que valga y la entereza es mi bandera. pic.twitter.com/eRf6vuKvTW
— Stalin González (@stalin_gonzalez) January 4, 2021
En la misma tónica discursiva también se pronunciaron Fernández, Yánez, Barrios y Guzmán, quienes argumentaron que continuarían en sus funciones como dirigentes opositores.
Las renuncias añaden gasolina al fuego del interinato de Juan Guaidó, que enfrentó serios obstáculos previos a la sesión de declaratoria de continuidad constitucional de la legislatura, electa el 7 de diciembre de 2015 en un proceso en el que la oposición ganó dos tercios de los escaños.
Tras las presidencias de Henry Ramos Allup, Julio Borges y Omar Barboza, Guaidó se comprometió el 5 de enero de 2019, luego de asumir la jefatura del Legislativo, al “cese de la usurpación” de Nicolás Maduro, y juró como “presidente encargado” el 23 de enero de ese mismo año, reafirmando un mantra que más tarde le jugaría en contra.
La declaratoria de “usurpación de funciones” de Nicolás Maduro encerró a la oposición en el discurso de la salida a corto plazo, con intentonas de rebelión cívico-militar que fueron sofocadas por el gobierno.
La estrategia, respaldada por la Administración de Donald Trump, obligó a la oposición a no convalidar ningún acto emanado de cualquier organismo, un escenario que aprovechó Maduro para nombrar a través del Tribunal Supremo de Justicia a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, que más tarde convocaría a los comicios legislativos del pasado 6 de diciembre.
Guaidó y el bloque partidista que lo acompaña se abstuvieron de participar en el proceso comicial, que tampoco reconoce la comunidad internacional, adoptando la tesis de la “continuidad” de la legislatura, una idea políticamente difícil de sostener en el tiempo.
NAM/Al navío.
