El abogado Julio Henríquez, director del Programa de Libertad para Refugiados (RFP, en inglés), está apostado frente a la aduana del aeropuerto de Miami para monitorear la experiencia de los portadores de pasaportes venezolanos ante los agentes de inmigración, a raíz del veto iniciado este 18 de octubre por la Casa Blanca contra funcionarios de cierta instituciones públicas venezolanas “y sus familiares directos”.
“La medida es nueva. Las primeras impresiones son muy importantes. Hasta ahora no sabemos de ningún inconveniente, pero puede pasar en cualquier aeropuerto. Por ello activamos una línea telefónica (1-786-7650509) para recibir denuncias y orientar”, destaca Henríquez, coordinador internacional del Foro Penal Venezolano, con estudios en la Universidad de Carabobo y NYU.
El decreto presidencial fue anunciado por la Casa Blanca en septiembre, alegando falta de cooperación de varios gobiernos para “compartir información de seguridad pública y relacionada al terrorismo”.
Aunque en teoría en Venezuela sólo apunta a funcionarios del Sebin, Saime, Cicpc, Cancillería y el Ministerio de Interior, y sus parientes, es una medida difusa y arbitraria, empezando porque no todos los cónyuges comparten el mismo apellido.
NV1/Agencias
