Estados Unidos prevé suministrar a Ucrania las controvertidas bombas de racimo, en el marco de un nuevo paquete de ayudas a Kiev por valor de 800 millones de dólares. Este tipo de armamento, prohibido en más de un centenar de países, (entre los cuales no figuran ni Rusia ni Ucrania ni Estados Unidos) suponen una amenaza directa a la población civil por su amplio espectro de acción al fragmentarse en decenas de submuniciones cuyo índice de error es muy amplio.
Entre las bombas de racimo que Washington enviará a Kiev están las M864, que se fragmentan en 88 proyectiles y se lanzan desde cañones Howitzer, previamente donados por Estados Unidos a Ucrania. Fuentes de la Casa Blanca aseguran que el envío se producirá en los próximos días. El nuevo paquete de ayuda incluirá vehículos blindados Bradley y Stryker.
Precisamente, este viernes la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas alertaba sobre el empleo de este tipo de munición: «Las municiones en racimo esparcen pequeñas bombas en un área amplia, muchas de las cuales no explotan de inmediato», dijo Marta Hurtado, portavoz de la oficina. «Pueden matar y mutilar años después. Es por eso que su uso debe detenerse de inmediato».
Estados Unidos estima que en este momento, este tipo de munición permitirá a las fuerzas ucranianas despejar amplias zonas ocupadas por Rusia, empleando menos recursos que con los tradicionales proyectiles.
EE.UU. rompe una tendencia a la baja
La utilización de bombas de racimo en conflictos bélicos, así como las víctimas que provocan tanto de forma directa como a medio y largo plazo, venía marcando una tendencia a la baja en los últimos años, pero la ofensiva militar lanzada por Rusia sobre Ucrania ha marcado un punto de inflexión. Ni Rusia ni Ucrania forman parte de la convención que aboga por su prohibición y que enfatiza los efectos que implica para la población civil y, especialmente, para los niños.
Por primera vez en una década, la Coalición de las Bombas de Racimo, que aglutina a decenas de ONG, no registró en 2021 ninguna víctima por ataques directos, pero sí tuvo constancia de al menos 149 por el estallido de remanentes explosivos. Un 97 por ciento de estas víctimas eran civiles y hubo 90 niños muertos o heridos, con una media de edad de diez años.
La amenaza de este tipo de armamento, por tanto, no siempre es inmediata. Las características específicas de este tipo de bomba, que se divide en submuniciones una vez lanzada, hacen que tenga un impacto indiscriminado en la zona donde se arrojan, al tiempo que las convierten en una amenaza a largo plazo para los civiles e inutiliza áreas para su utilización con fines agrícolas o ganaderos.
La coalición ya había avisado de que la invasión rusa sobre Ucrania había cambiado el escenario, hasta el punto de que en la primera mitad de 2022 ya había registrado al menos 689 víctimas un 300 por ciento más que el dato global de todo el año previo. Las organizaciones han acusado a las fuerzas rusas de cientos de ataques, mientras que por la parte ucraniana también habían confirmado «varios» incidentes.
Uno de los principales responsables de la coalición, Paul Hannon, ha advertido de que el visto bueno de Estados Unidos al envío estas armas a Ucrania sumará «víctimas terribles» al conflicto, tanto «inmediatamente» como «en los años venideros». «El uso de municiones de racimo por parte de Rusia y de Ucrania se añade a la contaminación masiva de restos explosivos y minas que ya existe en Ucrania», ha advertido en un comunicado.
Aunque ni Rusia, ni Ucrania, ni Estados Unidos son firmantes de la convención internacional, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos reclaman a los países que sí forman parte de este tratado que alcen la voz.
NAM/Agencias
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