La operación militar que dejó 11 personas muertas, incluyendo indígenas y líderes comunales en Puerto Leguízamo, Putumayo, sigue generando reacciones que le ponen presión al Gobierno de Iván Duque para esclarecer lo ocurrido.
Los llamados se escucharon, incluso, en la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de este martes, en la que participaron 15 representantes de países como China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, entre otros.
En ese escenario, de la mayor relevancia internacional, se puso de relieve la necesidad de una «profunda investigación» sobre los hechos en Putumayo, y varios delegados expresaron su preocupación por el aumento de la violencia en el país y cuestionaron a Duque por la implementación del acuerdo de paz.
Pocas horas después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado Colombiano a investigar diligentemente el operativo militar, que se llevó a cabo el 28 de marzo en la vereda El Remanso de Puerto Leguízamo. Aunque inicialmente el ministro de Defensa, Diego Molano, y el presidente Duque anunciaron la acción como un golpe a las disidencias de las Farc, pronto se conocieron las denuncias que indicaban que entre los muertos había civiles inocentes.
“Se insta a las autoridades correspondientes a continuar desarrollando investigaciones bajo protocolos que eviten la estigmatización de las víctimas y a tomar las medidas necesarias para reparar este daño incorporando un enfoque intercultural que considere los impactos a las víctimas, sus familias y sus comunidades”, señaló la CIDH.
El organismo internacional le recordó a Colombia que tiene la obligación de dar información clara y precisa de las personas heridas, fallecidas, capturadas o desaparecidas en el operativo militar.
ONU pide investigación «independiente»
La oficina de la Representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia, en cabeza de Juliette de Rivero, se pronunció sobre el operativo del que se conocen versiones opuestas de las autoridades y de las comunidades, durante su visita a la zona en la que, el 28 de marzo, murieron 11 personas.
“El 28 de marzo, en Alto Remanso, se habría iniciado un operativo llevado a cabo por varias unidades militares en el que se habría hecho uso de armas de fuego, mientras estaban en el bazar de 30 a 50 personas, incluyendo niños, niñas y mujeres”, señaló la organización al presentar un balance de una visita realizada a la zona.
Y añadió: “Como resultado de la operación militar y del uso de la fuerza letal en Alto Remanso, resultaron muertas unas 11 personas y 5 más quedaron heridas (…). Según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el uso intencional de armas letales solo puede hacerse cuando sea estrictamente inevitable y con el propósito de proteger la vida”.
La organización instó a la Fiscalía a realizar “una investigación exhaustiva e independiente para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.
NAM/El País
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