¡PRESIÓN EN WASHINGTON! Congresistas demócratas exigen a la Casa Blanca levantar las sanciones a Venezuela ante la catástrofe del terremoto

Una coalición de legisladores del ala progresista del Partido Demócrata ha elevado una exigencia directa al Poder Ejecutivo estadounidense para que modifique drásticamente su política exterior hacia Caracas debido a razones de fuerza mayor humanitaria. Catorce miembros de la Cámara de Representantes, entre ellos Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar y Rashida Tlaib, enviaron una carta oficial reclamando el levantamiento “inmediato de las amplias sanciones económicas de Estados Unidos contra el país y facilitar el acceso de Venezuela a sus activos congelados en el extranjero”.

La misiva, respaldada formalmente por una veintena de organizaciones no gubernamentales internacionales, expone que las penalizaciones financieras vigentes desde 2017 representan un obstáculo antropogénico que asfixia la capacidad de respuesta frente al desastre natural más potente que ha golpeado a la nación caribeña en más de un siglo.

Radiografía de una tragedia a gran escala

Los congresistas enfatizan en el documento que el balance del doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5 ocurrido el pasado 24 de junio es «desgarrador» . Con base en las minutas oficiales del parlamento venezolano, la catástrofe consolida datos alarmantes.

Se registran 4.561 fallecidos (con cerca de 300 cadáveres aún sin identificar) y más de 16.740 heridos con cuadros médicos graves. Casi 18.000 ciudadanos perdieron la totalidad de sus viviendas y alrededor de 1.400 edificaciones colapsaron o presentan fallas estructurales severas, incluyendo redes de escuelas y hospitales públicos.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) estima de forma preliminar que las pérdidas de la economía real podrían escalar hasta los 100.000 millones de dólares, mientras que la ONU calcula los daños físicos directos en 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) venezolano.

Sanciones como traba para la reconstrucción

Los legisladores estadounidenses recordaron que tras la operación militar ejecutada el pasado 3 de enero, Washington ejerce una suerte de tutela sobre el territorio, lo que impone una «responsabilidad adicional» a la Casa Blanca en el orden humanitario.

“Los terremotos del 24 de junio fueron desastres naturales inevitables. Sin embargo, las sanciones económicas de gran alcance y la congelación de activos impuestas por el Gobierno de EE UU… son medidas provocadas por el ser humano y evitables”, argumenta el texto enviado al presidente estadounidense.

La falta de liquidez y los bloqueos bancarios dificultan de forma crítica la contratación de equipos para el desescombro, la importación de insumos médicos y la restitución de servicios básicos. Esta parálisis logística forzada motivó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a declarar que el sistema sanitario venezolano se encuentra colapsado, al tiempo que UNICEF alertó que 1,8 millones de personas —incluyendo 680.000 niños— requieren asistencia humanitaria de emergencia de forma perentoria.

Respaldos y alternativas financieras solicitadas

La presión ejercida por los 14 congresistas empalma con un manifiesto emitido recientemente por más de un centenar de prestigiosos economistas y académicos de escala global. Ambos sectores coinciden en que las licencias provisionales y los fondos de ayuda por 300 millones de dólares aprobados por EE.UU. resultan «totalmente insuficientes» debido al exceso de celo y los trámites burocráticos del sistema financiero internacional.

Para operativizar el rescate material, la coalición exige que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emita la certificación técnica 25B. Este instrumento legal permitiría al Banco Central de Venezuela (BCV) acceder de forma inmediata a los mecanismos del Fondo Monetario Internacional (FMI), liberando unos 5.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro y 4.000 millones a través del Instrumento de Financiación Rápida.

Asimismo, instan a coordinar con los gobiernos de Portugal y el Reino Unido la devolución de más de 6.000 millones de dólares retenidos en bancos europeos, y exigen el cese del control de custodia de EE.UU. sobre las cuentas que albergan las ganancias por la venta de crudo venezolano, a fin de que la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pueda gestionar la estabilización económica y la reconstrucción habitacional.

NAM-El País