El fiscal general (cargo equivalente, con muchas salvedades, al de ministro de Justicia en España) William Barr acaba de declarar a la agencia de noticias Associated Press que «a día de hoy, no hemos visto fraude electoral de unas dimensiones que pudieran haber alterado el resultado de las elecciones».
La afirmación de Barr tiene la máxima importancia porque él es el máximo responsable del Departamento de Justicia y, además, un firme aliado del presidente Donald Trump, que el nombró para reemplazar a Jeff Sessions, un veterano republicano conservador a quien el jefe del Estado y del Gobierno acusó de no haberle protegido al auto recusarse de la supervisión de la investigación de la ‘trama rusa’ sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 en favor de Donald Trump. Posteriormente, Barr fue acusado por la oposición demócrata de distorsionar las conclusiones de la investigación del fiscal especial Robert Mueller, ex director del FBI y miembro, al igual que Trump y Barr, del Partido Republicano.
En las semanas previas a las elecciones, Barr se hizo eco de las acusaciones de Triump de que iba a haber fraude electoral en el voto por correo. El 2 de septiembre, el fiscal general afirmó que «en las elecciones que se han celebrado con voto por correo, se ha encontrado fraude y coacción [de los votantes] sustanciales». En aquella misma ocasión, Barr dijo que «creo que es China» quien estaba tratando de influir en las elecciones estadounidenses.
En junio, el fiscal general había llegado al extremo de decir que terceros países iban a reemplazar las papeletas de los votantes en los sufragios por correo y a sustituirlas por otras de candidatos -supuestamente, Joe Biden- favorables a sus intereses. Aparentemente, según Barr, el servicio de Correos de Estados Unidos está lleno de agentes extranjeros. Aunque el propio Barr también puede ser acusado de haber fomentado el fraude cuando dijo, en septiembre, que «no sé si es ilegal votar dos veces».
Barr también se había alineado del lado de Trump en las acusaciones del presidente de fraude electoral en los estados en los que ha perdido. Inmediatamente después de las elecciones, el fiscal general autorizó a los fiscales de Estados Unidos a actuar de oficio cuando hubiera «alegaciones sustanciales» de fraude, a pesar de que en aquel momento no había ninguna. Los fiscales no han actuado hasta la fecha porque no hay «alegaciones sustanciales».
NAM/Elmundo.es
