La directora ejecutiva de la ONG Justicia Venezolana, Liliana Camejo advirtió el miércoles sobre el riesgo físico al que están expuestos los presos políticos militares de ser trasladados a cárceles comunes.
Esto después de que el Ejecutivo aprobó el decreto 4.610, publicado en Gaceta Oficial 42.125, en el que se transfiere la custodia de los detenidos en las sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), al Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
“Como organización que encabeza la defensa privada de varios oficiales tras las rejas sin haber cometido delito, hemos denunciado por años las pésimas condiciones que existen tanto en la Dgcim como en el Sebin por tratarse de centros de detención preventivos”.
Rechazo al Decreto 4.610@LiliaCamejoG, directora ejecutiva de @JusticiaOrg: Presos políticos militares no pueden ser sometidos a compartir celdas con delincuentes comunes
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Ahora, sin embargo, alertó “con profunda preocupación que pretendan trasladar a varios de los 140 militares presos políticos a sitios de reclusión donde reina la anarquía, abundan casos de enfermedades crónicas, existe desnutrición y no se garantizan los derechos humanos de los detenidos”.
Opinó que el traslado de presos políticos a cárceles comunes supone un enorme riesgo para su integridad física y mental.
NAM
