Fueron suspendidos de sus cargos políticos Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña, así como Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sánchez, los cincos diputados presos, la orden fue emitida por el juez del Tribunal Supremo de España, Pablo Llarena, por el delito de rebelión.
La suspensión cautelar, que Llarena considera automática por imperativo del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, impide a los afectados por esta medida seguir delegando su voto desde los centros penitenciarios en los que se encuentran o desde su paradero en el extranjero, en el caso de Puigdemont. Añade que comunicará a la Cámara “cualquier cambio procesal” que conlleve la modificación de la suspensión.
La suspensión es una medida provisional diferente de la inhabilitación que sufrirían si fueran finalmente condenados. Esa suspensión quedaría sin efecto, recuerda Llarena, si los afectados quedan en libertad (a los huidos en libertad se les tiene como presos al no estar en España) o si se les atribuyen delitos que no sean rebelión.
Medida cautelar
Llarena explica que la suspensión es una medida cautelar extraordinaria que persigue preservar el orden constitucional “impidiendo que personas que ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma grave el orden de convivencia democrática mediante determinados comportamientos delictivos, entre los que se encuentra el delito de rebelión, puedan continuar en el desempeño de una función pública de riesgo para la colectividad cuando concurren además en ellos los elementos que justifican constitucionalmente su privación de libertad“, dijo.
Por el momento la suspensión no se extiende a Antoni Comin, también procesado por rebelión, al aceptar el juez su tardía petición de recurrir en reforma el auto de procesamiento.
El magistrado permitió la fianza de 2,1 millones ingresada por la Asamblea Nacional Catalana para cubrir las responsabilidades económicas a las que podrían ser condenados los procesados por malversación.
Por otro lado, dejó sin efecto la solicitud realizada al Ministerio de Hacienda para que elaborase un informe de análisis técnico-contable respecto de la documentación entregada por la Generalitat, así como el análisis de la evolución de la intervención de las cuentas de la Generalidad. El juez explica que, si así lo desea, la Fiscalía puede pedir esos informes para el juicio.
NAM/Agencias.
