Consecomercio estima que la carga tributaria que soportan las empresas formales en Venezuela se ubica entre 57% y 60% de la ganancia bruta «o de la capacidad operativa que tienen las empresas», lo cual constituye una verdadera traba en el apalancamiento de la productividad.
Por ello, el gremio del comercio y los servicios ha propuesto una serie de reformas legales, entre ellas del Código Orgánico Tributario y de las normas legales que regulan tributos específicos como el Impuesto sobre la Renta o el IVA, así como las normas que regulan otras contribuciones. Para Rodríguez es indispensable que se estimule una mayor formalización del comercio en el país, ya que es necesario que se eleve la capacidad contributiva.
Además de la reforma integral del COT, Consecomercio planteó ajustes en ISLR e IVA para mejorar la recaudación. También, la eliminación o reducción del IGTF. El gremio advierte que el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras encarece la cadena productiva.
«La eliminación del IGTF sobre transacciones en dólares eliminaría barreras para inversores nacionales e internacionales, atraería divisas, reduciría costos operativos, estimularía la bancarización y mejoraría el flujo de caja corporativo al frenar la inflación derivada de costos tributarios».
«Asimismo, insisten en permitir que el sistema financiero nacional utilice los dólares bancarizados para otorgar créditos a los sectores productivos y de exportación, lo que dinamizaría la economía y ayudaría a reducir la brecha cambiaria. Cabe destacar que el sector comercio y servicios es hoy el mayor empleador del país y el principal aportante al PIB no petrolero».
«Perseguimos con eso que se cumplan los principios constitucionales que están en los artículos 316 y 317 de la Constitución que establecen progresividad, no confiscatoriedad y no perturbación al desarrollo de la economía», explicó José Gregorio Rodríguez, presidente de Consecomercio.
Entes multilaterales
Otro elemento que el titular de Consecomercio comentó con optimismo fue la recuperación de las relaciones institucionales en marcha con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Rodríguez insistió en que los casi 5.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEGs), asignados por el FMI a Venezuela, no solo deben ser utilizados en el proceso de estabilización cambiaria, ya que pueden apalancar inversiones de emergencia en servicios como electricidad y agua, en cuya prestación hay severas deficiencias.
«Esa presencia del Banco Mundial como la de cada uno de estos organismos internacionales va a permitir también abrir posibilidades de financiamiento de proyectos concretos, tanto para el sector público como algunas áreas del sector privado en la cual le van a estar abiertas esa posibilidades».
NAM/Fenavi
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