Mucha expectativa se ha generado en torno a la concesión de un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) a Venezuela con el objetivo de iniciar un proceso de recuperación del sistema eléctrico en cuatro estados del país donde el sistema de generación eléctrica está completamente mermado. Sin embargo, también ha sido objeto de fuertes críticas por la latente posibilidad de que esos fondos sean canalizados por el Gobierno y un sector de la oposición (grupo de diputados) en la Asamblea Nacional que presuntamente opera negocios fraudulentos en una estructura de corrupción con la administración de Maduro.
Y es que el economista Omar Zambrano, director de la firma consultora Think Anova, aunque admite las proporciones de la crisis eléctrica en el país ha producido la destrucción de una parte importante del tejido productivo y social de Venezuela, considera que no están claros los términos del crédito de $ 350 millones de la Corporación Andina de Fomento –CAF- para mejorar el sistema eléctrico en Zulia, Táchira, Mérida y Nueva Esparta.
“La CAF, como corporación financiera, solo puede aprobar créditos con garantía soberana al único ente posible que puede solicitarlo que es el gobernó nacional, el ministerio de finanzas en particular, decir que este no es un crédito del Estado oscurece la naturaleza de la operación”, precisó en entrevista al programa En Vivode Unión Radio.
Esto implica que, mientras que el Parlamento deja entrever que ese órgano legislativo administrará el crédito, se baraja la posibilidad de que el gobierno de Nicolás Maduro acceda a ese dinero para distribuirlo a su discreción en las gestiones de reparación y reanimación del sistema eléctrico del país, lo cual despierta incertidumbre sobre la transparencia del manejo de esos fondos que, el propio Poder Ejecutivo aseguró que fueron solicitados a través del Ministerio de Finanzas.
Precisó que «no es posible» decir que será la ONU y no las autoridades eléctricas del país las que ejecutarán los gastos de este crédito.
Subrayó que serán las autoridades venezolanas y Corpoelec las que decidirán el destino de los gastos. “La ONU presta su sistema para que a través de sus reglamentos se hagan los gastos del crédito, es decir con normativa internacional, pero eso no quiere decir que no va a ser Corpoelec el que decida qué tipo de gastos se van a hacer y eso es importante que se sepa”.
Reafirmó que al final «el gasto será ejecutado a través de las autoridades eléctricas venezolanas». Esto implica que las decisiones técnicas en cuanto a las compras, transacciones e importación de insumos y dispositivos para la reparación del sistema estarán bajo control de Corpoelec a través del Ministerio de Energía Eléctrica, que rinde cuentas y cumple órdenes del despacho de Nicolás Maduro.
Opina que la operación se manejará de la misma forma en que se ha llevado el sector eléctrico desde hace 20 años en el país. «Es una operación que tiene riesgos pero hay que decir cuáles son los riesgos».
Ricardo Serrano / Unión Radio
