El gobierno de Nicolás Maduro persiste en su estrategia de acercarse al gobierno de Estados Unidos para mitigar los efectos devastadores de las sanciones de la administración de Donald Trump sobre el aparato de poder del chavismo.
Es por ello que ahora el gobierno chavista busca hacer lobby en Washington para sortear a toda costa los obstáculos que suponen las cada vez más intensas y precisas sanciones financieras de la Casa Blanca, que apuntan a todas las redes y fuentes de financiamiento del Gobierno mediante el oro y el petróleo venezolano.
Según un reporte de la agencia Associated Press publicado este martes, Maduro acordó gastar 12.5 millones de dólares para «contratar a un abogado y cabildero de Washington para aliviar las sanciones de Estados Unidos y ayudar a restablecer las relaciones bilaterales a medida que la campaña respaldada por Estados Unidos para expulsar a los puestos de líderes socialistas», según nuevos documentos publicados el lunes.
De esta forma, Caracas direcciona su estrategia a que Washington acceda a bajar la presión de las medidas financieras restrictivas con algún tipo de acuerdo político o comercial para que, en dado caso, Trump acepte reconstruir gestiones y relaciones diplomáticas de EEUU con Venezuela.
El procurador general Reinaldo Muñoz del gobierno de Maduro contrató al cabildero Robert Stryk, cuyo negocio ha crecido repentinamente desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, como parte de un contrato más amplio que firmó con Foley & Lardner, una firma de abogados con oficinas en Washington, según la AP.
Tanto el bufete de abogados como el Grupo Sonoran Policy Group de Stryk se registraron como agentes de Muñoz en documentos separados ante el Departamento de Justicia que se publicaron en el sitio web de la agencia.
Así es cómo el gobierno venezolano envía una clara señal al gobierno de EEUU en referencia a que existe la voluntad política de Maduro de acercarse a la Casa Blanca para negociar la presión de las sanciones, que ha sido la línea dura de la política exterior estadounidense hacia Venezuela en medio de su contexto de crisis interna.
Su trabajo incluye «desarrollar una estrategia para acercarse al Gobierno de los EE. UU. En apoyo de la exclusión del Principal extranjero u otras partes sujetas a sanciones económicas de los EE. UU. Debido a sus conexiones con la República», según la presentación de Foley, que a su vez está pagando $ 2 millones contratar a Stryk como consultor, detallan los documentos filtrados.
No obstante, hasta ahora no se baraja la posibilidad de que Trump acepte cambiar o modificar su política exterior por alguna gestión de lobby jurídico y político mediante ese servicio «outsourcing» que contrató Maduro para disuadir a EEUU y acercarse en un tono diplomático bajo la premisa de negociar las sanciones, que cada vez deterioran más su estructura de poder en Venezuela.
Ricardo Serrano
