• ¡POLÉMICA VIVA! “A Rafael Lacava le conviene una policía transparente”: abogado de Provea y Centro Gumilla

    El padre Alfredo Infante y el coordinador de exigibilidad de la ONG Provea, Marino Alvarado, jamás atentaron contra el honor y el decoro del gobernador Rafael Lacava, tras dar cuenta de los hechos de ejecuciones extrajudiciales en la entidad.

    Así lo señaló el abogado defensor Joel García en entrevista para el diario Tal Cual, a través del cual indicó que la actitud del mandatario regional sienta un mal precedente para un país que está en la mira de organismos internacionales: perseguir a quienes denuncian violaciones de DDHH.

    Cabe recordar que, en marzo pasado, el proyecto Lupa por la Vida realizado entre la ONG Programa de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Centro Gumilla, hizo pública la documentación de mil 414 presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado ocurridas en Venezuela durante 2021.

    El documento detalla que el Cicpc y las policías estadales resultaron los cuerpos más letales durante el período mencionado, el primero con un total de 347 presuntas ejecuciones extrajudiciales (24,54% del total), mientras que los cuerpos de seguridad regionales habrían sido responsables en su conjunto de 426 muertes (30% del total).

    Como novedad, el balance mostró que la policía del estado Carabobo desplazó a la del estado Zulia como la más letal del país, luego de contar 132 víctimas durante 2021 (9,34% del total).

    Demanda interpuesta

    La publicación del balance motivó al gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, a interponer una demanda contra los activistas Marino Alvarado, de Provea, y el sacerdote jesuita Alfredo Infante, del Centro Gumilla, por el delito de difamación agravada.

    No es la primera vez que connotados dirigentes del chavismo han actuado contra Provea, en mayo de 2020, el gobernante Nicolás Maduro y el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, acusaron a la ONG de ser una organización tarifada y financiada por agencias de inteligencia norteamericana.

    Luego, en enero de 2021, Cabello amenazó con cárcel al director de la ONG, Rafael Uzcátegui, al informar que solicitó a la Fiscalía General de la República una acción para investigarlo, luego que Provea informara que el PSUV había recibido beneficios por parte de la cooperación internacional.

    Por ello, el abogado Joel García asegura que ni con el informe ni en las presentaciones públicas del mismo, los acusados declararon en contra del gobernador Lacava, e hizo hincapié en que solicitar una investigación no constituye delito alguno.

    Si analizamos la rueda de prensa y todas las palabras que allí se emitieron, no hay señalamiento alguno determinado contra el gobernador Lacava, no hubo palabras que atenten contra la dignidad, el honor, el decoro y la reputación del mandatario regional”, señaló García.

    Agregó: “Ellos (el padre Infante y Alvarado) solicitaron al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo que investigaran a la policía del estado Carabobo por ser una de las más letales del país y se investigara a la cadena de mando, incluso al gobernador, que como Poder Ejecutivo regional está al mando del cuerpo regional de la entidad

    Conviene un policía transparente

    Añade que no se está atribuyendo al gobernador que sea responsable de uno u otro delito y que el propio gobernador debería pedir la investigación.

    Al gobernador le conviene tener una policía transparente con respecto a los DDHH, que no transgreda el ordenamiento jurídico”, expresa García, quien hace énfasis al afirmar que la solución a la situación es conciliar, aunque esto no debe implicar la impunidad para quienes hayan cometido delito.

    El profesional del derecho contó que se le impidió acreditarse como abogado defensor de Alvarado y Requesens al acudir el pasado jueves al Palacio de Justicia, alegando los funcionarios que el caso estaba en el estado Carabobo, por lo que no eran competentes territorialmente, algo que contradice el ordenamiento legal.

    Es cierto que el juez que va a conocer del caso es de Carabobo, pero debería ser del lugar donde se cometieron los presuntos delitos al ser una acción privada, que no pasa por la fase ordinaria. De acuerdo con la competencia territorial, el tribunal incompetente es el de Carabobo porque el documento fue emitido en Caracas y los tuits se publicaron en Caracas, así que esto será materia a discutir ante el tribunal de Carabobo”, argumenta Joel García.

    NAM – Tal Cual


    Síguenos en nuestras redes sociales para que tengas toda la ¡INFORMACIÓN AL INSTANTE!

    Visita nuestro sitio web https://noticiaalminuto.com/

    Twitter: https://bit.ly/3kpAtzz

    Instagram: https://bit.ly/3jh0TnE

    Telegram: https://bit.ly/3Dvclo3

    Grupo de WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/GlOEXjCuQ5I1uQbVzZig4m