El Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordenó este jueves al gobierno de Colombia y a las Fuerzas Militares suspender bombardeos a campamentos de grupos armados ilícitos cuando exista información o indicios de la presencia de menores de edad reclutados en dichas instalaciones.
La jueza Viviana Arciniegas adoptó la determinación como medida cautelar tras admitir una acción de tutela interpuesta por el ciudadano Ower Jimmy Borda Parra, quien actuó en representación de los niños, niñas y adolescentes vulnerados por el reclutamiento forzado.
La orden judicial impone la suspensión inmediata de los ataques aéreos hasta que se dicte un fallo definitivo de fondo y las autoridades adopten protocolos estrictos de verificación previa.
«Las operaciones aéreas ofensivas solo podrán realizarse cuando, de acuerdo con la información disponible y los protocolos aplicables, se determine que no existe una alternativa menos lesiva para alcanzar el objetivo militar legítimo», precisa la resolución dictada por el despacho judicial.
El dictamen judicial se produce una semana después de que el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmara la muerte de tres menores de edad —dos de 15 años y uno de 16— durante un bombardeo ejecutado el pasado 27 de agosto contra disidencias de las FARC en la zona rural de El Retorno, en el departamento del Guaviare.
El hecho se suma al deceso de otro menor registrado el 10 de agosto en la región del Catatumbo en circunstancias similares.
Pese a que el Ejecutivo nacional justificó la efectividad de la acción militar argumentando que los combatientes constituyeron un objetivo táctico legítimo, la orden cautelar vincula de forma directa a la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa y el Mando Militar para que se acate la primacía de los derechos de la infancia.
La orden emitida abre un nuevo capítulo de debate jurídico en el país, en un contexto marcado por el incremento de las incursiones aéreas gubernamentales y por los informes de la Defensoría del Pueblo, organismo que contabiliza 1.173 casos documentados de reclutamiento infantil por parte de estructuras al margen de la ley entre 2024 y julio de 2026.
NAM/El Nacional
