El politólogo Benigno Alarcón considera que la creación de la Comisión de Revisión de Credenciales representa un avance dentro del proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero advierte que más allá de ello, la instancia carece de atribuciones amparadas en la Constitución venezolana y en la propia Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
En ese tenor, Alarcón plantea que las decisiones de esa instancia no serían vinculantes para la Asamblea Nacional, algo que pudiera debilitar o anular la legitimidad de todo acto que sobre ella se estableciera en materia del máximo ente de justicia.
El socio-director de Polis Consultores agrega que los integrantes de la comisión cuentan, en su mayoría, con un perfil público bajo, pero con una reputación que considera favorable, aunque, sostiene que el procedimiento acordado en la mesa de negociación no garantiza por sí mismo el resultado final.
Alarcón asegura que el proceso puede contribuir a la reinstitucionalización del sistema de justicia, pero también podría utilizarse para respaldar una decisión que no cumpla con las expectativas de independencia institucional.
«El procedimiento negociado importa, pero puede servir para reinstitucionalizar o para legitimar una mala decisión. No nos confundamos».
«No es faena para impacientes»
Por su parte, el PhD en Política Pública, Roberto Smith Perera calificó como un «gran paso» la conformación del Consejo de Revisión de Credenciales encargado de evaluar a los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al considerar que puede convertirse en una primera señal de reconstrucción institucional del sistema de justicia venezolano.
Smith Perera destacó especialmente que cuatro de los siete integrantes del Consejo cuentan, a su juicio, con una trayectoria que permitiría exigir criterios de capacidad, honestidad e independencia a los candidatos que aspiren a ocupar las magistraturas.
Reconoce que la instancia no constituye todavía un nuevo TSJ, pero menciona que puede desempeñar un papel relevante en el proceso de selección de quienes integrarán el máximo tribunal.
Ante las críticas de quienes cuestionan que la composición del Consejo no haya sido unánime, Smith Perera defendió la necesidad de valorar los avances alcanzados dentro del proceso de negociación. Smith destaca que una reconstrucción institucional no necesariamente se produce mediante acuerdos perfectos desde el comienzo, sino mediante avances concretos.
Esta decisión prefigura cómo será el proceso de liberación y transición de Venezuela bajo tutela de EE.UU: «paso a paso, rebanada a rebanada, tolete a tolete. No es faena para impacientes. Así se empieza a construir una República perdurable».
Otra crítica
La abogada penalista, Thelma Fernández también se refirió al Consejo de Revisión de Credenciales encargado de evaluar a los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y cuestionó su independencia. Indicó que entre sus integrantes existen personas con antecedentes en el propio sistema judicial y presuntas vinculaciones políticas.
Fernández resalta las dudas sobre las garantías de autonomía de la instancia y criticó que algunos de sus miembros hayan ocupado cargos como magistrados o funcionarios del TSJ. La abogada calificó la composición de la instancia como una continuidad de las prácticas que, a su juicio, han caracterizado al sistema de justicia venezolano.
«Se suponía que el Consejo de Revisión de Credenciales debía ser independiente, pero entre sus integrantes hay exmagistrados, antiguos funcionarios del TSJ y personas con vinculaciones políticas, entonces ¿Independiente de quién y con qué garantías? Que burla, es más de lo mismo».
Perfiles de los integrantes de la Comisión
Perfiles
El Consejo de Revisión de Credenciales quedó integrado por Belén Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez, Cecilio Sánchez, Deyanira Nieves, Federico Fuenmayor y María Bernardoni.
Belén Ramírez Landaeta: Jurista especializada en derecho administrativo. Ejerció como magistrada de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia hasta 1999, cuando se sustituyó por el Tribunal Supremo de Justicia.
Ha hecho investigaciones sobre jurisdicción contencioso-administrativa, amparo constitucional y distribución de competencias judiciales. Actualmente preside la Fundación Estudios de Derecho Administrativo (Funeda).
María Bernadoni de Govea: Jurista egresada de la Universidad del Zulia. Realizó estudios de posgrado en Derecho del Trabajo en la Universidad de Roma (Italia). Fue ministra del Trabajo entre 1997 y 1999, en el segundo gobierno de Rafael Caldera, y presidió el Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social entre 2001 y 2005.
Ha dictado clases de derecho social en la Universidad Monteávila y de posgrado en la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello. También desarrolló investigaciones sobre relaciones laborales, libertad sindical, negociación colectiva y legislación laboral.
Deyanira Nieves Bastidas: Según la web del TSJ, siendo estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María, Deyanira Nieves se desempeñó como asistente de tribunales del Circuito Judicial Penal de Caracas.
Una vez graduada de abogada, fue ascendida al cargo de abogada de la antigua Corte Suprema de Justicia, donde se desempeñó como abogada asistente de varios magistrados de la Sala de Casación Penal; Coordinadora del Pool de Abogados de la Sala de Casación Penal y secretaria accidental de la misma sala.
Entre 2004 y 2015 fue magistrada de la Sala de Casación Penal del TSJ y ejerció durante ese período llegó a ejercer la presidencia de esa instancial.
Fue designada en el año 2005 por la Sala Plena del TSJ como directora gneral de la Defensa Pública por tres periodos consecutivos bianuales. También formó parte de la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial.
Su sala rechazó una presentación de la defensa de la Jueza María Lourdes Afiuni. Hija de David Nieves, un militante de la Liga Socialista vinculado al secuestro del empresario estadounidense William Niehous en 1976.
Paralelamente a su carrera judicial, fue profesora titular de la cátedra de Derecho Procesal Penal en la Universidad Santa María, casa de estudios donde obtuvo también el título de especialista en ciencias penales. Actualmente es la rectora de la Universidad Audiovisual de Venezuela.
Rogelio Pérez Perdomo: Abogado con máster en derecho (1972) por la Universidad de Harvard, doctor en ciencias mención derecho (1975) por la Universidad Central de Venezuela, y estudios de filosofía y sociología del derecho en la Universidad de París. Está especializado en sociología jurídica, historia del derecho y estudios sobre revoluciones y justicia en América Latina.
Fue decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana y director científico del Instituto Internacional de Sociología del Derecho (Oñati, España).
Es académico honorario de la Academia de Derecho del Perú e Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia. Asimismo, desde 1998 es profesor visitante frecuente de la Escuela de Derecho de la Universidad Stanford (California) y fue director académico del Stanford Program for International Legal Studies.
Bernardo Pulido Márquez: Abogado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), donde fue profesor en derecho constitucional y derechos humanos. Tiene un máster por la Universidad de Stanford y un doctorado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Notre Dame.
Recibió en 2021 el Kellogg Institute Award for Outstanding Doctoral Student Contributions, premio anual que otorga el centro académico adscrito a la Universidad de Notre Dame a contribuciones sobresalientes realizadas por los doctorandos de esa universidad. Su investigación doctoral estuvo centrada en las restricciones al derecho a postularse a cargos de elección popular.
Ha actuado como abogado demandante ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y diferentes comisiones y relatores de la ONU. También ha representado a víctimas ante la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.
Silio César Sánchez Zerpa: Abogado constitucionalista. Vicerrector de Desarrollo Territorial de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y también coordinador nacional del programa de formación de grado de estudios jurídicos de dicha casa de estudios.
Fue director ejecutivo de la Magistratura del TSJ en 2015 y luego repitió el cargo en 2022. Dicha instancia se encarga de pagarle los salarios a los jueces y demás funcionarios tribunalicios, y además la responsable de velar por el mantenimiento de sus instalaciones y de su equipamiento.
Ese año, su nombre figuró entre los magistrados suplentes designados para la Sala de Casación Social. También fue representante del máximo tribunal ante la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Federico Sebastián Fuenmayor Gallo: Abogado egresado de la Universidad de Los Andes (ULA), con especialización en derecho penal, derecho constitucional, garantías constitucionales y derecho penitenciario. Magíster y doctor en derecho. Ha desarrollado investigaciones relacionadas con derechos constitucionales, delito, pena y sistema penitenciario.
Asumió como magistrado suplente de Gladys Gutiérrez, expresidenta del TSJ, en diciembre de 2015. Su nombramiento fue realizado por la saliente Asamblea Nacional de mayoría oficialista, pocos días antes de ceder el control al parlamento opositor electo ese mismo mes, en el proceso conocido como la designación de “magistrados exprés”.
La firma de Federico Fuenmayor Gallo aparece en las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, en sustitución de Gladys Gutiérrez. La sentencia 155 declaró en desacato a la AN 2015 por supuesta injerencia de una autoridad extranjera, mientras que a través de la sentencia 156 se le atribuyeron los poderes legítimamente constitucionales del Parlamento a la Sala Constitucional.
En 2017 autorizó a Nicolás Maduro a presentar su mensaje anual ante el TSJ, en medio del conflicto con la Asamblea Nacional.
El abogado Fuenmayor fue el único integrante de la Sala Constitucional excluido de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en 2017 por la usurpación de las funciones de la Asamblea Nacional.
NAM/Con información de Versión Final
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