Un tribunal arbitral internacional condenó a Uruguay a pagar 30 millones de dólares a una empresa panameña por el cierre de la aerolínea de bandera nacional Pluna hace casi 14 años, informaron el miércoles fuentes oficiales uruguayas.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, falló el martes a favor de Latin American Regional Aviation Holding (Larah), que había reclamado una compensación por la liquidación de Pluna, en la que una empresa de su propiedad tenía acciones junto con el Estado uruguayo.
«El juicio era por 800 millones de dólares. La defensa logró controvertir al máximo la reclamación y el Tribunal falló sólo al 6% de lo reclamado: 30 millones más intereses«, dijo a la AFP un funcionario de Presidencia bajo anonimato.
El gobierno de centro-derecha de Luis Lacalle Pou quedó a cargo de la defensa del Estado uruguayo en este caso al asumir en 2020. Hasta entonces, Pluna había sido un fuerte dolor de cabeza para el izquierdista Frente Amplio, que estuvo en el poder desde 2005.
Creada en 1936, la empresa Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea (Pluna) fue estatizada en 1951, pero volvió a incorporar capitales privados en 1995 cuando se asoció con la brasileña Varig.
En 2006, durante el primer mandato del presidente Tabaré Vázquez, Varig quebró y el Estado uruguayo absorbió el 49% del paquete accionario que la brasileña poseía en Pluna.
En 2007, el 75% de las acciones de Pluna fue adquirido por la firma de inversiones Leadgate, y el 25% restante quedó en manos de un ente estatal.
Pero cinco años después, ya bajo la presidencia de José Mujica, Leadgate anunció su retiro de Pluna, que pasó a un fideicomiso mientras el Estado uruguayo buscaba un socio para capitalizar a la compañía.
Menos de un mes después, el 6 de julio de 2012, el gobierno de Mujica decidió liquidar la aerolínea por insolvencia financiera.
El reclamo ante el Ciadi se registró el 23 de mayo de 2019, bajo el segundo gobierno de Vázquez. Larah, entonces propietaria de Leadgate y domiciliada en Panamá, demandó al Estado uruguayo ante el tribunal arbitral internacional invocando la violación del Convenio de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Uruguay y Panamá, de 1998.
De acuerdo con las reglas del Ciadi, sus laudos son obligatorios e inapelables.
NAM – AFP
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