La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes 19 el ataque sufrido por la líder opositora María Corina Machado un día antes en la ciudad de Barquisimeto (estado Lara), donde vandalizaron sus vehículos y cortaron los frenos de la camioneta donde se desplaza a actos de campaña.
En un mensaje posteado en sus redes sociales, la CIDH urgió al Estado venezolano a que garantice «la seguridad de todas las personas con liderazgo político, así como a investigar diligentemente y de manera independiente estos hechos y sancionar a los responsables materiales e intelectuales».
El ataque fue informado por la misma Machado la mañana del jueves 18 de julio. Detalló que se encontraba dentro de una urbanización privada en Barquisimeto, a la que accedieron sujetos desconocidos que dejaron pintas de «No + bloqueos», hechos con pintura de aceite, vaciaron el aceite del motor de uno de los vehículos y le cortaron frenos al otro.
La líder opositora venía de una actividad en el estado Portuguesa para promocionar la candidatura de Edmundo González Urrutia a las presidenciales del 28 de julio.
La CIDH y la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión alertó a la comunidad regional e internacional sobre la persecución política contra opositores, e instaron al Estado venezolano «a poner fin a la represión y garantizar una elección presidencial libre, competitiva y participativa».
Baño de sangre que anunció Maduro
En un comunicado, publicado también este viernes 19, la CIDH y la RELE señalaron que las declaraciones del gobernante Nicolás Maduro de un eventual «baño de sangre» si gana la oposición, «tiene como efecto amedrentar y coartar la libertad política del electorado. Estas afirmaciones generan dudas sobre la eventual transmisión de mando ante la posibilidad de un resultado favorable a la oposición».
Se señaló además que las detenciones de activistas políticos o personas de la sociedad civil, cierre de locales comerciales, retención de comitivas de campaña, así como el cierre de medios de comunicación «no son hechos aislados» y «afectan la institucionalidad democrática».
Estos hechos, insistieron ambas instancias, forman parte de un «patrón de persecución dirigido a desalentar la participación política de la oposición y la población en general. Estos ataques a la democracia y estas restricciones arbitrarias a las libertades de expresión, asociación y reunión tienen como finalidad perpetuar al partido de gobierno en el poder».
NAM/Agencias
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