Un tribunal chileno rechazó una posible prueba que amenazaba con empeorar el escándalo que desde hace tiempo ha sido la pesadilla de la iglesia católica local.
De acuerdo con una carta descubierta durante un allanamiento a la Diócesis de Valparaíso en septiembre, quien fuera el arzobispo de Santiago en 2009 admitió que un influyente sacerdote señalado por pedofilia no fue interrogado “por respeto”. Sin embargo, la justicia rechazó el documento y llamó al arzobispado capitalino y a tres víctimas del cura Fernando Karadima –el peor pedófilo de la historia chilena– a una audiencia de conciliación el 20 de noviembre, según un comunicado divulgado el miércoles.
Como era de esperarse, las reacciones ante la decisión no demoraron.
“Sepan todos que NO HAY CONCILIACION. Vamos a pelear hasta que no nos quede ningún recurso. Es una táctica más que favorece al arzobispado”, escribió en su cuenta de Twitter Juan Carlos Cruz, una de las víctimas que ha denunciado públicamente a Karadima.
Poco después, Cruz dijo a The Associated Press que presentará un recurso de reposición a nombre suyo y de otro par de víctimas, lo que implica que rechaza la audiencia de conciliación y pide un fallo al tribunal. Si éste fuera adverso, agregó, acudiría a la Corte Suprema.
Karadima fue condenado por el Vaticano a una vida de penitencia y oración y el 28 de septiembre pasado fue expulsado del sacerdocio.
El tribunal alegó que rechazaba la carta “por estar fuera de plazo” y posiblemente llamó a la conciliación porque el abogado del arzobispado de Santiago había propuesto “la posibilidad de un entendimiento entre las partes”.
El abogado de las víctimas de Karadima –quien recibió la carta hace un par de semanas– la presentó ante el tribunal para apelar el rechazo en 2017 de una demanda civil que el defensor interpuso contra el arzobispado por encubrimiento.
El allanamiento que permitió descubrir el documento fue propiciado por Emiliano Arias, fiscal regional de O´Higgins quien a pesar de la poca cooperación que el sacerdocio ha tenido con la justicia se ha convertido en el persecutor que más casos ha tomado desde comienzos de año, cuando estalló el escándalo de abusos sexuales a menores que hundió a la Iglesia de Chile en la peor crisis de su historia.
Cruz y otras dos víctimas –James Hamilton y José Andrés Murillo– demandaron Francisco Javier Errázuriz –el antiguo arzobispado de Santiago involucrado en la carta– por encubrimiento de los abusos sexuales que sufrieron de parte de Karadima. No obstante, la acusación ha sido negada por Errázuriz y su sucesor Ricardo Ezzati, este último acusado por Arias de encubrir abusos de una autoridad del mismo arzobispado.
Cruz, Hamilton y Murillo también demandaron de la diócesis una indemnización de 450 millones de pesos chilenos (unos 670 mil dólares) por daño moral, pero la justicia no los ha favorecido.
En el juicio criminal contra Karadima en 2011, Errázuriz admitió que no creyó las acusaciones de los tres demandantes presentadas en 2003 por Murillo; en junio de 2004 y junio de 2005 por la esposa y la madre de Hamilton; por el propio Hamilton en enero de 2006 y por Cruz en agosto de 2009. Por el contrario, dejó en espera la investigación por más de tres años y no fue sino hasta 2010 que envió los antecedentes a Roma tras recibir el testimonio de otra víctima de Karadima.
El juicio criminal absolvió a este último porque los delitos estaban prescritos en 2011, aunque la jueza Jessica González estableció que había suficientes pruebas contra el cura.
NAM/AP
