El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado luz verde a la desclasificación de los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
El Consejo de Ministros aprobó este martes la medida, que se hará efectiva el miércoles con su publicación en el BOE. A partir del mediodía, las 153 “unidades documentales” localizadas en la Administración podrán consultarse en la página web de La Moncloa.
La decisión, anunciada el lunes por el presidente, busca que la memoria democrática deje de estar “bajo llave” 45 años después de la intentona golpista. Desde el Ejecutivo subrayan que el objetivo es frenar la manipulación interesada del pasado y combatir los relatos impulsados por la ultraderecha. “Lo que hace el Gobierno con esta decisión es impedir que la ultraderecha siga utilizando los bulos, las conspiraciones y la desinformación”, afirmó la portavoz, Elma Saiz, quien alertó sobre discursos que trivializan la dictadura y difunden una visión distorsionada de la historia reciente.
Según explicó Saiz, se trata de acabar con una inercia heredada del franquismo, donde el secreto era la norma. “Para el franquismo todo era secreto por defecto y para siempre si no se dice lo contrario”, señaló. Con esta decisión, el Ejecutivo pone fin a una situación que considera anómala en comparación con otras democracias europeas que ya han abierto sus archivos sobre episodios similares.
Los documentos principalmente escritos, y algunas imágenes estaban en manos de los ministerios de Interior, Defensa y Exteriores. El Gobierno sostiene que su publicación no supone un riesgo para la seguridad nacional y recuerda que los responsables del golpe fueron condenados por rebelión militar. No obstante, la portavoz evitó pronunciarse sobre si el contenido alterará la percepción pública sobre la actuación del rey Juan Carlos I durante aquellos hechos.
La medida coincide con el 45 aniversario del 23F, umbral temporal que el Ejecutivo fijó en su propuesta de reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, aún pendiente de tramitación en el Congreso. El Gobierno confía en que la futura Ley de Información Clasificada permita que la desclasificación deje de ser una excepción y se convierta en una práctica automática en una democracia madura.
Aunque la decisión tiene una fuerte carga simbólica, algunos socios parlamentarios reclaman ir más allá y abrir también archivos relativos a otros episodios del pasado reciente.
NAM/Agencias
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