Una comisión investigadora del parlamento peruano concluyó el martes que el expresidente Ollanta Humala tendría que ser enjuiciado por el asesinato y la desaparición forzada de ocho personas mientras fue jefe de una base del Ejército en la Amazonía durante el conflicto armado interno que enfrentó a las fuerzas de seguridad y al grupo terrorista Sendero Luminoso.
No es la primera vez que Humala es señalado de estar bajo sospecha de crímenes. Para que volviera a ser enjuiciado se necesitaría que el informe fuera incluido en una nueva acusación por una fiscalía que investiga violaciones de derechos humanos en esa zona de Perú. Sin embargo, las posibilidades de que eso suceda son inciertas.
Héctor Becerril, el congresista opositor que dirigió la comisión investigadora, dijo a la prensa que el informe será presentado el jueves al pleno del Congreso y que se comprobó que el expresidente “compró” testigos para que los crímenes no se conocieran.
El informe parlamentario sucede a otro publicado en 2017 por Human Rights Watch que aseguró la existencia de evidencias recientes que sugieren la participación de Humala en “violaciones atroces de derechos humanos”.
El ex teniente coronel de 56 años, quien gobernó Perú entre 2011 y 2016, nunca declaró ante la comisión parlamentaria que es dirigida por congresistas del partido opositor mayoritario Fuerza Popular, encabezado por la lideresa conservadora Keiko Fujimori.
En 2009 un juicio en el cual Humala estaba acusado de asesinato y desapariciones forzadas de dos peruanos fue archivado porque el hombre que lo señalaba en un primer momento de ordenar los crímenes cambió de versión y dejó de acusarlo.
Humala dijo el martes mediante su cuenta de Twitter: “serví a mi patria en las tres zonas de emergencia, con honor, igual como Presidente de la Republica. Eso no podrán mancharlo”.
César Nakazaki, abogado de Humala, también comentó por la misma red social que no conoce “un solo caso penal en el que algún informe de comisiones investigadoras del Congreso haya servido de prueba. Todos han sido irrelevantes en los procesos penales”.
La fiscalía reabrió en mayo de 2017 la investigación por el delito de lesa humanidad contra “quienes resulten responsables” por la desaparición de personas en el poblado amazónico Madre Mía en la década de 1990 tras la difusión de testimonios y audios en la prensa local que sugerían presuntos sobornos a testigos para que cambiaran de versión.
Según cifras oficiales, más de 20.300 peruanos desaparecieron durante el conflicto armado interno y muchos peruanos humildes envejecen buscando a sus seres queridos. El viernes el mandatario Martín Vizcarra promulgó una ley que creo el banco genético que permitirá almacenar los datos genéticos de los familiares de los desaparecidos para que cuando se encuentren sus osamentas puedan ser cotejadas e identificadas mediante exámenes genéticos.
NAM/AP
