El TSJ, devenido en actor político, se despoja de su traje de árbitro y entra a la cancha política convertida en una suerte de “vale todo”, donde los jugadores emplean sin compasión las armas y estrategias a su alcance, por cuanto las reglas permiten “casi todo”.
Luego de declararse la omisión parlamentaria, la Sala Constitucional del TSJ designa los nuevos rectores y rectoras del CNE. Posteriormente, se dictan sentencias que suspenden las directivas de AD y PJ. En un juego político sin reglas ni límites, la oposición denuncia una “arremetida del TSJ” que habría “despojado a las autoridades partidistas actuales del control de sus partidos”.
Acusaciones que curiosamente emanan desde un sector político donde se impone el todo vale –bloqueo económico, robo de activos, fondos congelados, retenidos o confiscados, invasiones, golpes de estado- con miras a eliminar al adversario.
Tales sentencias se interpretan como una vulneración del principio de la división de poderes, tal como se establece en la Constitución. Para que exista en la práctica el Estado de Derecho, es indispensable que ocurra realmente una separación de poderes mutuamente independientes.
Se resalta que los últimos acontecimientos cuestionan gravemente tal independencia y, en ese sentido, se denuncia que el Poder Ejecutivo estaría ejerciendo predominio sobre el poder Judicial. Específicamente se lo acusa de politización de la justicia y judicialización de la política; de prestigiar la racionalidad política por sobre la racionalidad jurídica y, además, de servirse del poder judicial para ejecutar su línea política y anular sus oponentes.
Ante un Poder Judicial devenido en un actor político central, se genera el temor de que la política se imponga sobre la justicia y, por tanto, usurpe las funciones del poder político. Se disparan las alarmas y se alerta sobre el peligro de que los jueces razonen sus decisiones con criterios políticos y no judiciales. En suma, que se extralimiten tomando decisiones que en realidad pertenecen otros poderes.
A partir de estos procesos de politización de la justicia y judicialización de la política que parecen imponerse en el juego político actual, surgen cuestionamiento, dudas y temores de interés nacional que trascienden las trincheras políticas.
NAM/Maryclen Stelling
