La educación de calidad para todos, condición indispensable para la convivencia democrática, la productividad y el logro de instituciones eficaces, debería ser la estrategia fundamental del Estado y de la sociedad para incorporar a todas las personas al quehacer de la vida pública contemporánea.
Las sociedades democráticas necesitan a todos sus ciudadanos y la vida democrática requiere de sujetos bien educados. El Estado, que representa el interés común y ejerce un poder conferido por la sociedad, debe garantizar que el derecho a la educación de calidad para todos y todas se cumpla en términos de equidad, lo que implica compensar las desventajas de los más pobres para que las diferencias de origen no se conviertan en desigualdades y se reproduzca la pobre oferta educativa para los más pobres.
Lamentablemente, hoy el Estado no está cumpliendo con este deber tan esencial y ha descuidado la educación de los más pobres, que sólo reciben migajas de educación.
Por eso, necesitamos un Estado eficiente y eficaz en el cumplimiento de los derechos esenciales de todos, en especial de los que cuentan con menos posibilidades y poder. El buen funcionamiento del Estado es condición para garantizar las políticas públicas y el disfrute por todos de los derechos esenciales. Un Estado ineficiente o que confunde deseos con realidades, proclamas con hechos, cuyo verdadero interés es mantenerse a cualquier precio en el poder, es una tragedia para todos, pero sobre todo para los más pobres.
Si la educación es un derecho, es también un deber y responsabilidad de todos, Una mejor educación para un mejor país requiere de la cooperación de todos: del Estado; de las familias y comunidades; de las instituciones públicas no gubernamentales de servicio al desarrollo; de la empresa privada; de los medios de comunicación y de la comunidad internacional.
Cuando hoy hablamos de sociedad, nos referimos a una sociedad globalizada. Y así como la paz, las migraciones y la protección del medio ambiente los consideramos tareas globales, también la educación tiene que convertirse en una responsabilidad compartida por todas las sociedades.
Ese es el sentido de la invitación del papa Francisco a que nos sumemos al Pacto Global por la Educación. Aceptarlo supone asumir los retos que nos plantean las nuevas tecnologías, las exigencias de equidad en la educación, la visión de una educación a lo largo de la vida, la construcción de nueva ciudadanía.
Y es necesario que este esfuerzo por la calidad esté ligado a la voluntad política por la equidad. De lo contrario, estaremos alimentando la tendencia a la desigualdad a partir de la educación, como está sucediendo en Venezuela. De ahí que los esfuerzos deben dirigirse a la defensa y mejora de la educación pública que abre la puerta a que mejoren las oportunidades para todos.
También debemos trabajar para que el derecho a la educación se extienda a vivir en un mundo educado, sin violencia, donde se respeten los derechos de todos y en el que todos podamos participar. Derecho a vivir sin miedo, en una sociedad amistosa, en la que compartimos nuestros sueños y valores, y construimos el futuro común.
Este derecho a vivir en un mundo educado nos exige el deber de dejar de ser meros espectadores para involucrarnos en trabajar por un país mejor. Que todos tengamos la oportunidad de construir juntos nuestro futuro compartido. Por ello, lo público no debe ser privatizado. Lo privado tiene sentido cuando lo público está garantizado.
NAM/Antonio Pérez Esclarín/Educador
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