Uno de los mayores retos que ha enfrentado la revolución ha sido la construcción de una economía que trascienda a un modo de producción que supere la condición rentista vigente desde el siglo XX.
En este sentido, se han establecido diversos programas, expuestos sucesivamente en las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007; el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013; el Plan de la Patria 2013-2019 y 2019-2025.
Ante la imposibilidad de acceder al poder por la vía electoral, la oposición con sus sectores empresariales, establecieron desde hace tiempo un esquema desestabilizador sobre la economía real con la finalidad no solo de destruir el proceso bolivariano, sino evitar la diversificación productiva y continuar apoderándose de la renta petrolera.
Arrancaron con los desabastecimientos programados, la diferenciación de productos para eludir los controles de precio, el acaparamiento; inclusive, la disminución voluntaria de la producción por parte de algunas estructuras oligopólicas.
Los elementos mencionados, conjuntamente con el posicionamiento de una tasa de cambio guarimbera, condujeron al proceso inflacionario, que a su vez, disminuyó la oferta de bienes y/o servicios requerida para atender la demanda interna.
La situación señalada se ha visto agravada por las sanciones impuestas al pueblo venezolano por parte del gobierno de Estados Unidos (EEUU), quien concentro su ataque en el funcionamiento de la economía. En este sentido, el gobierno nacional ha buscado ampliar e incorporar nuevos aliados, tanto para el destino de las exportaciones como para las importaciones.
El bloqueo económico y comercial, ha trastocado la construcción de una economía diversificada, ha perjudicado el funcionamiento del aparato productivo nacional; pero también, ha conllevado a una mayor innovación y creencias en las fortalezas internas.
En los últimos días, se orienta nuevamente la Agenda Económica Bolivariana mediante los quince motores productivos, como un mecanismo para la reactivación económica bajo una visión postpandemia que ayude a superar la concepción del rentismo petrolero, en la cual deben participar las empresas estadales, el sector privado y las formas productivas del poder popular que vienen abriéndose paso.
En este sentido, para estimular el hecho en Venezuela se estableció un plan de compras por parte del estado a la pequeña y mediana empresa; se disminuyeron los aranceles de importación para la materia prima e insumos que se transformen en bienes intermedios o de consumo final; se aprueba el sistema de la factory comercial; se exoneran del pago de impuestos sobre la renta a los ingresos generados hasta diciembre de 2021 por parte de las microempresas que se funden hasta seis meses después de superada la pandemia; se simplifican los trámites ante los registros mercantiles para la creación y actualización de empresas; se mantiene el pago complementario de nómina al sector privado, así como a los trabajadores y trabajadoras independientes; y en el área fiscal, se modifica el método de pago del IVA de anticipo semanal a quince días después de emitida la factura fiscal.
De esta manera, el gobierno insiste con diversas acciones a fin de superar la agresión de EEUU, mediante la confluencia de nuevos actores y métodos que nos conlleve a la ansiada recuperación económica con criterios de eficiencia y eficacia.
NAM/Ramón Lobo
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