Las revoluciones y las agresiones imperialistas
A lo largo de la historia, las revoluciones de liberación nacional, las socialistas e, incluso, gobiernos progresistas han sido víctimas de sistemáticas arremetidas imperialistas.
Intervenciones militares, guerras civiles, operaciones encubiertas, magnicidios, golpes de Estado, guerras económicas…, configuran el abultado expediente de las criminales acciones del imperialismo con el propósito de derrocar a gobiernos que se han rebelado a su tutelaje.
En el caso venezolano, los EEUU le declaran la guerra al gobierno bolivariano desde el mismo momento en que el comandante Chávez arriba al poder. Para la arrogancia imperial era inaceptable que un gobierno ejerciera su soberanía y desafiara la hegemonía impuesta desde comienzo del s. XX en su “patio trasero”. El efecto contagio de ese gobierno revolucionario en la región constituía y sigue constituyendo un verdadero peligro para los planes de dominación de Washington. Asimismo, el propósito de reconquistar las enormes riquezas naturales de nuestro país son una causa fundamental de esa agresión.
Propósito y origen más reciente de las sanciones económicas
La aplicación de sanciones económicas representa uno de los métodos predilectos empleados por el imperialismo para desestabilizar naciones y derrocar gobiernos.
La línea de acción es muy simple. Las sanciones generan crisis económicas que desembocan en ingobernabilidad y caos, traduciéndose finalmente en el derrocamiento de los gobiernos por diversas vías: derrota electoral, estallido social, golpe de Estado, guerra civil, intervención extranjera con “fines humanitarios” …
En el caso venezolano, el más reciente ciclo de guerra económica se manifiesta en sanciones económicas que tiene su origen en la Orden Ejecutiva del presidente Obama, marzo del 2015, en la que calificaba al gobierno venezolano como una amenaza “inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de los EEUU y se contemplaba la posibilidad de aplicar sanciones económicas.
Con Trump al frente de los EEUU, se inicia una escalada dramática de las sanciones con el propósito de provocar un acentuado deterioro de la economía nacional y severos daños a la población, tal como ha ocurrido en numerosos países y con diversos desenlaces, pero en cada caso cometiéndose gravísimos crímenes contra sus pueblos: URSS, China, Vietnam, Cuba, Yugoeslavia, Corea del Norte, Irán, Chile, Siria, Libia, Irak, Nicaragua…
Las sanciones económicas y sus efectos
Las sanciones están diseñadas con el propósito deliberado de estrangular a nuestra economía, afectando principalmente a la industria petrolera que genera el 95% de las divisas de una economía altamente dependiente de las importaciones, así como más del 75% de los ingresos del Estado.
En estos momentos, la industria petrolera nacional no tiene acceso a financiamiento externo, tiene restringida la adquisición de tecnología, no dispone de navieras para el transporte, se le cerró su principal mercado, el estadounidense, todo ello como consecuencia de serias amenazas de severas sanciones a empresas y entes financieros que establezcan relaciones económicas con esa industria y con el país en general.
El secretario de Tesoro del gobierno estadounidense calculó el costo de las sanciones a la industria petrolera nacional en US$ 18 millardos, entre activos confiscados (Citgo), cuentas cerradas y perdidas del mercado estadounidense. A ello debemos agregar las inversiones que dejarán de realizarse por la amenaza de sanciones, al menos US$ 5 millardos. Asimismo, la merma de la producción petrolera nacional como resultado de las sanciones y la caída de ingresos de divisas y fiscales se traduce en costos para el país en el orden de los US$ 12 millardos.
La misma suerte corre la actividad de extracción de oro nacional, que se encuentra bloqueada por las amenazas de castigos económicos del Washington a todo aquel que invierta en el país o compre el producto de la explotación del oro nacional. Esto ocasionará costos que fácilmente superarán los US$ 3 millardos.
Por otra parte, el gobierno de los EEUU prohibió, a través del carácter coercitivo de las sanciones, el financiamiento externo de la República, así como el refinanciamiento de la deuda externa nacional, impidiendo la inyección de recursos a la economía y ocasionando costos financieros muy importantes a la nación. Esta situación, aunado a la perdida de crecimiento económico y todo lo que eso ocasiona, se traduce en un costo de, al menos, US$ 13 millardos.
Como consecuencia de las sanciones, tampoco disponemos de una banca corresponsal para participar en el comercio internacional, además de que muchos de los socios comerciales se niegan a realizar transacciones comerciales con nuestro país por el temor a durísimas sanciones. Esto implica mayores costos asociados a la reorientación del comercio internacional y las restricciones para llevar a cabo o recibir el pago del intercambio comercial.
Finalmente, pero no menos importante, las sanciones han conducido a la incautación de cuentas propiedad de la República por más de US$ 6 millardos, destacando los US$ 1,33 millardos del oro en el Banco de Inglaterra, los 1,54 millardos represados en el Novo Banco de Portugal y los 1,5 millardos en el Citybank, Clearstream, y Sumitomo.
En cuanto a los efectos económicos y sociales más notables, podemos destacar la escasez aguda de medicamentos, el desabastecimiento y carestía de artículos de primera necesidad, la perdida de empleos productivos, la caída de la actividad productiva, el deterioro de los servicios básicos, incluyendo el transporte. La razón es muy sencilla, las sanciones han mermado drásticamente el ingreso de divisas del país, así como la generación de riqueza.
Asimismo, se han deteriorado drásticamente el sector externo de la economía y las finanzas públicas (afectando notablemente la capacidad de brindar bienestar a la población), entre muchas otras cosas.
Ilegalidad, inmoralidad y carácter criminal de las sanciones
Estas acciones vandálicas, ilegales, inmorales y criminales, que se practican contra el pueblo venezolano, han generado un impacto económico escandaloso que ya supera los 65 mil millones de dólares y, de acuerdo a investigaciones muy serias, ha ocasionado la muerte a mas de 40 mil compatriotas, de acuerdo a estudio realizado por el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) con sede en Washington.
De la manera más descarada, los máximos voceros del gobierno yanqui han afirmado que estas sanciones tienen el propósito inequívoco de provocar “un cambio de régimen” y, como lo han reconocido, los autores de las sanciones están conscientes de los durísimos impactos sociales que generan, los cuales no tienen ninguna importancia en el diseño de las criminales agresiones. Vergonzosamente, esta política es avalada y justificada por actores políticos y económicos locales, que operan en su rol de peones de Washington.
No cabe la menor duda de que, en estos momentos, las sanciones que asfixian nuestra economía constituyen el principal obstáculo para la recuperación productiva, la estabilidad macroeconómica del país y, por lo tanto, la posibilidad de brindar bienestar a la población.
Asimismo, hay que destacar que ante el fracaso de las políticas de golpe de Estado y de promoción de la violencia terrorista en función del derrocamiento del presidente Nicolás Maduro por la vía rápida y violenta, la apuesta de Washington se centra en el deterioro socioeconómico y el derrocamiento del presidente Maduro mediante la guerra económica.
Contraofensiva revolucionaria para derrotar las sanciones
A partir de una profunda autocrítica, el presidente Nicolás Maduro ha convocado al país y, en especial, a las fuerzas chavistas a un gran debate nacional que establezca claramente las debilidades de la revolución bolivariana para superarlas y sus fortalezas para consolidarlas. En ese debate nacional se establecen 5 puntos esenciales para derrotar la arremetida imperial: garantizar la paz, combatir los flagelos de las corruptelas y el burocratismo, mejorar los servicios públicos, perfeccionar las políticas sociales y fortalecer las estrategias económicas.
El objetivo es el relanzamiento de la revolución bolivariana centrada en principios rectores de nuestro desarrollo como son la eficiencia, la ética, la participación creciente del pueblo, la justicia social, la consciencia socialista del trabajo, el desarrollo de nuevas instituciones revolucionarias, entre otras.
La contraofensiva económica requiere de un clima de orden político y social, así como también de la paz y la soberanía nacional, duramente atacados por el imperialismo norteamericano. Esas son condiciones indispensables para el despliegue de las fuerzas productivas del país.
Los cambios que ha venido proponiendo nuestro pueblo en su sólida y profunda sabiduría, nos harán menos vulnerables frente a ataques futuros del imperialismo y serán fundamentos esenciales para la transición al socialismo. Sin embargo, esos cambios deben expresar impactos inmediatos en función de promover el desarrollo a nuestro pueblo y a la economía en el contexto actual dominado por las sanciones.
Pensamos que debemos concentrar nuestros esfuerzos en los sectores que determinan el desempeño de la nación y la satisfacción de las necesidades del pueblo venezolano. Eso significa garantizar el incremento de la producción petrolera, tarea crucial en una economía de nuestras características. Asimismo, debemos privilegiar dos sectores: alimentos y medicamentos, para atender la difícil situación que atraviesa nuestro pueblo. Un aspecto fundamental lo constituyen los servicios públicos: electricidad, agua, gas, aseo urbano y transporte, sin lo cuales no tendremos estabilidad social y política.
Todo ello se debe fundamentar en una planificación participativa que apunte a la productividad y la eficiencia en el uso de recursos cada vez más escasos y desplegando sólidos estímulos materiales para el desarrollo de las fuerzas productivas.
Nuestra actuación en este frente debe ser audaz, debemos actuar con la mayor flexibilidad, establecer una amplísima alianza nacional para la recuperación productiva, donde participe en un rol estelar nuestra poderosa clase obrera y convoquemos a la empresa privada, así como a todos los actores sociales del país, incluyendo al poder popular.
Internacionalmente, debemos realizar el mayor esfuerzo para estimular la participación de nuestros aliados y del capital extranjero en general en la recuperación económica, especialmente en el sector petrolero y en los sectores con notables ventajas comparativas de nuestra economía.
En cuanto al PSUV, debemos asumir un rol de vanguardia en esta tarea trascendental no solo en el esfuerzo de contribuir al incremento de la producción, sino principalmente en la titánica tarea de promover el cambio cultural de nuestro pueblo, que ponga al trabajo productivo en el eje central de la consciencia social. Hemos observado con entusiasmo un gran movimiento en el seno de nuestro partido en esa dirección, al frente del cual se ha colocado nuestro camarada Diosdado Cabello, 1er vicepresidente del PSUV.
La producción, el trabajo productivo, se han convertido en tareas esenciales de la revolución bolivariana en la coyuntura actual.
NAM/Opinión/Jesús Faría/Economista, Constituyentista
