En un artículo del economista venezolano profesor de la Universidad de Denver, EEUU, Francisco Rodríguez, titulado “¿Por qué Venezuela perdió a Citgo?”, publicado en Financial Times el pasado 26 de septiembre de 2023, el autor afirma:
“En los últimos cuatro años -bajo la supervisión del gobierno interino liderado por la oposición- los pasivos adeudados a los acreedores con derecho legal a embargar acciones de Citgo se multiplicaron de 3.400 millones de dólares a 23.600 millones de dólares”.
De aquí surge la pregunta ¿cómo y porqué fue elevada la deuda de Citgo? Rodríguez no da respuesta explícita, pero sí implícita en el desarrollo de su artículo. Expone: “Un tribunal de Delaware pronto iniciará una subasta para Citgo Petroleum, la séptima refinería de petróleo más grande de Estados Unidos. Salvo un improbable acuerdo de último minuto, la empresa será rematada para pagar deudas impagas de su propietario, el gobierno venezolano”.
De seguidas narra que Venezuela sufre los efectos de haber atravesado la mayor contracción económica en la historia moderna del hemisferio occidental. Citgo, cuyas refinerías están diseñadas para procesar el petróleo venezolano, podría desempeñar un papel importante en la recuperación económica del país.
Y enfatiza que “El valor de mercado de la empresa es aproximadamente una séptima parte del producto interno bruto de Venezuela y sus ganancias anuales son mayores que la cantidad que Venezuela gasta en importaciones de alimentos en un año”.
Luego, tras cuestionar tanto los argumentos del Gobierno Bolivariano como los de la oposición, dice que “Sí, es cierto que los gobiernos de Chávez y Maduro asumieron altos niveles de deuda cuando deberían haber estado ahorrando ingresos de un auge petrolero sin precedentes. Pero muchos gobiernos de todo el mundo acumulan niveles excesivos de deuda. Casi ninguno de ellos pierde sus activos como resultado del cobro de esas deudas”.
Aquí un primer elemento: Los gobiernos no pagan sus deudas con los activos, con las propiedades de sus naciones. Las negocian, las reestructuran. Según la web Statista, la deuda de EEUU equivale al 123% del valor de sus bienes y servicios producidos, PIB, en 2023; es decir, aun si EEUU paga su deuda con sus activos, se queda sin nada, vacío, en la carraplana, y aun tendría deuda por pagar.
Aclarado que los gobiernos no pagan deudas con sus activos, el articulista se pregunta: ¿por qué los acreedores no se sentaron con Maduro para negociar tal acuerdo? Y él mismo responde: “La respuesta es que Estados Unidos les prohibió hacerlo mediante una orden ejecutiva de agosto de 2017 que sigue vigente. Luego, en enero de 2019, Estados Unidos entregó el control de los activos de Venezuela en el extranjero a la oposición venezolana.
Esto significaba que, desde un punto de vista legal, sólo la oposición podía reestructurar la deuda externa del país. Por supuesto, dada su falta de control sobre los ingresos petroleros del país, esta capacidad era irrelevante”.
En otras palabras, al no disponer de ingresos provenientes del petróleo, la oposición se propuso a usar los activos de Citgo para pagar la deuda contraída por ella misma con acreedores como la minera canadiense Crystallex, la cual actuó contra Venezuela usando al abogado José Ignacio Hernández, el mismo que en fecha posterior fue nombrado procurador del gobierno interino por Guaidó, para supuestamente defender los activos de Citgo.
Aun así, Rodríguez aclara que “Incluso después de estas decisiones, no estaba nada claro que los acreedores pudieran apoderarse de Citgo. Claro, Venezuela debía alrededor de 150 mil millones de dólares en deuda externa, pero a principios de 2019 sólo una pequeña fracción de eso (3,4 mil millones de dólares, para ser precisos) estaba vinculada a instrumentos que otorgaban a sus dueños un derecho legal firme para apoderarse de acciones de Citgo”.
Pero de inmediato Rodríguez da más verosimilitud al indicio sobre el propósito real del endeudamiento hecho por la oposición con Citgo. “Hay una gran diferencia entre ser un acreedor de deuda no garantizada de Venezuela y tener un derecho sobre Citgo”, dice.
“Para empezar, Citgo es propiedad de un holding que pertenece a PDVSA, una entidad con personalidad jurídica propia y distinta del Gobierno de Venezuela. El principio de responsabilidad limitada, fundamento de la legislación financiera moderna, establece que los activos y pasivos de una empresa son distintos de los de su propietario. No se pueden perseguir los activos de una empresa para cobrar la deuda de su propietario de la misma forma en que no se pueden perseguir los activos personales de alguien para cobrar las deudas de su empresa”.
E incluso así, el autor destaca que “La cifra de la deuda en 2019 (3,4 millardos de dólares) era lo suficientemente pequeña como para que Venezuela pudiera pagarla, incluso con sus mermados ingresos petroleros del momento (de hecho, eso es exactamente lo que estaba haciendo Maduro hasta que las cuentas bancarias de Venezuela en Estados Unidos fueron transferidas a Guaidó).
Y de inmediato añade la significación de la deuda adquirida por Guaidó: “La cifra de 2023 (23,6 millardos de dólares) es casi el doble del valor de mercado estimado de Citgo y, por lo tanto, esencialmente impagable en las condiciones actuales”.
“¿Por qué estas deudas crecieron tan rápidamente? La respuesta es que varios acreedores lograron argumentar con éxito que el gobierno venezolano estaba utilizando a Citgo para sus propios fines. En jerga legal, demostraron que PDVSA era un alter ego (literalmente, “otro yo”) de Venezuela”.
Y al establecerse esta equivalencia, el nuevo monto de la deuda les otorga derecho sobre la totalidad de Citgo. “La responsabilidad limitada se vuelve irrelevante y el acreedor obtiene rienda suelta para reclamar los activos de una empresa propiedad del deudor. De los 23,6 mil millones de dólares en pasivos mostrados anteriormente, 19 mil millones de dólares tienen su origen directamente en esta decisión”.
“Lo más sorprendente de la decisión del Tribunal de Delaware sobre alter ego, tomada en marzo de 2023, es que no tuvo nada que ver con Maduro. Al contrario, se basó en la conclusión de que el gobierno interino liderado por la oposición había utilizado a Citgo como su instrumento. (La decisión fue confirmada recientemente en apelación por la Corte del Tercer Circuito)”.
Es decir, al Tribunal decidir que no había responsabilidad de Maduro en la suma de 19.000 millones de dólares adicionales de deuda, la responsabilidad del pago de este pasivo es de Guaidó; no del gobierno legítimo de Venezuela. Por tanto, los acreedores que arguyeron impago del gobierno legítimo de Venezuela no pueden cobrar la deuda con los activos de Citgo, por ser una deuda que no fue contraída por el gobierno Bolivariano, sino por Guaidó .
Para mayor argumento sobre cómo la oposición liderada por Guaidó elevó la deuda de Citgo, Rodríguez destaca la opinión de 61 páginas del juez Leonard Stark, de la Corte de Delaware, en la cual se lee una lista de lo que no debe hacer un deudor que quiera evitar que los acreedores se apoderen de sus activos:
“El Gobierno de Guaidó ha accedido a los activos de las filiales estadounidenses de PDVSA en Estados Unidos y los ha utilizado para financiarse, eludiendo cualquier derecho que PDVSA pudiera haber tenido sobre los dividendos corporativos. El Gobierno de Guaidó también ha utilizado activos de PDVSA para financiar la defensa legal de Venezuela… PDVSA ha iniciado, para luego detener, el pago de sus deudas bajo la dirección de Venezuela. Guaidó anunció que tiene la intención de tratar de la misma manera las deudas de Venezuela y las de PDVSA en una eventual reestructuración de la deuda”.
Rodríguez pide detener la lectura en este último punto un momento. Expone que en julio de 2019 el gobierno interino publicó un conjunto de directrices para la renegociación de la deuda externa del país que exigía lo siguiente: “… no se dará un trato diferente a las reclamaciones en moneda extranjera en consideración a su origen…, a su naturaleza o el domicilio del reclamante y/o la identidad del deudor del sector público”.
“¿En serio?, ¿el gobierno interino de Venezuela estaba afirmando que pagaría a un acreedor que poseía una obligación regida por la ley de Nueva York y que tenía una sentencia firme de un tribunal estadounidense, en los mismos términos en los que pagaría a un contratista de PDVSA cuyos reclamos sólo eran teóricamente ejecutables en tribunales venezolanos?”.
“¿Se estaba comprometiendo a pagar a los propietarios de bonos de PDVSA en las mismas condiciones que los bonos de Venezuela, a pesar de que estos últimos se cotizaban con una prima del 25% respecto de los primeros al momento del anuncio?, ¿y lo estaba haciendo a plena vista del mundo entero, sin siquiera haber consultado la decisión con el directorio de PDVSA, proporcionando de esta manera evidencia que esencialmente demostraba el alegato de los acreedores de que no había ninguna distinción entre PDVSA ad hoc y el gobierno interino?”
Rodríguez admite que “Estas decisiones parecían difíciles de entender en ese momento, y todavía lo son. Aún no está claro por qué el gobierno interino tomó decisiones tan claramente perjudiciales para la nación. Debería preocuparnos conocer que una de las empresas (Cristalex), que se benefició materialmente del fallo de Delaware, también había empleado anteriormente al funcionario responsable (José Ignacio Hernández) de muchas de estas decisiones. La existencia de graves y serios conflictos de intereses de esta magnitud ameritaría, como mínimo, la apertura de una investigación exhaustiva y transparente. Lamentablemente, hasta la fecha el liderazgo opositor ha mantenido un silencio ensordecedor en torno a este tema”.
NAM/Werther Sandoval
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