Moradores de la comunidad de Chirgüita, en el estado Cojedes, alzaron su voz de protesta para exigir la liberación de Gustavo Rodríguez, juez de paz de la zona, quien se encuentra detenido tras haberse entregado voluntariamente luego de accionar una escopeta durante la violenta riña campal registrada el pasado 17 de octubre entre pobladores e hinchas del club de fútbol Deportivo Táchira.
El pronunciamiento popular surge luego de que comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritas a la Delegación Municipal Tinaquillo, dieran por esclarecido el caso con la aprehensión de Rodríguez e incautación del arma de fuego, atribuyéndole las lesiones por perdigones sufridas por un grupo de aficionados.
No obstante, los residentes locales desmienten la versión de los fanáticos, asegurando que el juez de paz actuó estrictamente para disuadir a la turba y defender la vida del joven Rubén Toro, de 20 años, quien no tenía vinculación con la discusión inicial y fue salvajemente acorralado y apuñalado en tres oportunidades por los visitantes.
De acuerdo con el testimonio de los allegados y vecinos, el hecho se desencadenó durante la madrugada cuando dos autobuses de Expresos del Occidente que trasladaban a la fanaticada andina hicieron una parada en un comercio local; tras suscitarse un reclamo porque un comerciante realizaba grabaciones para redes sociales, la discusión escaló a brutales agresiones físicas en la vía pública, momento en que Rodríguez disparó al suelo para frenar la agresión mortal contra el joven Toro.
Asimismo, los habitantes de la zona desmintieron la cifra oficial de nueve lesionados, precisando desde el hospital de Tinaquillo que únicamente seis hinchas ingresaron con perdigonazos, solo uno de ellos de gravedad en una pierna y rechazaron enfáticamente las acusaciones presentadas por los aficionados en el peaje de Taguanes sobre un presunto intento de atraco por parte del pueblo.
Mientras el caso permanece a la orden del Ministerio Público, los pobladores hicieron un llamado urgente al gobernador Freddy Bernal para que se evalúen imparcialmente los hechos, denunciaron amenazas de represalias por parte de los barristas al momento de retirarse del lugar y exigieron un estricto control policial sobre el traslado de estas agrupaciones violentas para evitar futuras tragedias en las carreteras del país.
NAM – La Calle
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