La Organización de Estados Americanos (OEA) suspendió la reunión de este miércoles en el que se discutía la situación de Venezuela por consenso, ante la falta de acuerdo sobre las dos propuestas de declaración presentadas.
Ante el «empantanamiento» de las negociaciones al punto de impedir la aprobación de una Declaración ni alcanzar un texto de consenso, las delegaciones acordaron tratar de fijar otra reunión antes de la Asamblea General de la OEA que se realizará en México del 19 al 21 de junio.
La sesión estuvo presidida por el canciller de Guatemala, Carlos Morales Moscoso, y vicepresidida por su homólogo de República Dominicana, Miguel Vargas.
Los representantes de 18 países decidieron interrumpir la sesión especial de la OEA que celebraban sobre la crisis venezolana que les ha impedido acordar una declaración tras varias horas.
Moscoso llamó a un receso de 30 minutos para llegar a un acuerdo, que al final se tradujo a la suspensión de la reunión.
El embajador alterno de Nicaragua, Luis Ezequiel Alvarado, condenó la convocatoria a la reunión, ya que a su juicio está «destinada a intervenir los asuntos internos de Venezuela sin su consentimiento» indicando que la naturaleza de la institución es «violatoria a los reglamentos de la organización».
«La OEA no puede ser usada por un grupo de países para atacar la soberanía de otros miembros. Es lamentable que se agrupen para generar un golpe de estado en Venezuela como sucedió en el año 2002 contra el expresidente Hugo Chávez. Su asunto debe ser resulto por el pueblo venezolano», expresó.
Reiteró su respaldo al presidente Nicolás Maduro y su convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aseverando que «es una convocatoria para la paz».
Por su parte, el canciller boliviano, Fernando Huanacuno Mamani, indicó que el único camino que existe para resolver los problemas de los venezolanos es el diálogo y no la injerencia de los estados miembros.
Mamani destacó que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, abandonó su cargo para convertirse en un actor político para favorecer «posiciones hegemónicas» que generan un clima de conflictividad en los ciudadanos venezolanos «ocasionando muertes entre ellos».
«La OEA no puede seguir incitando a la violencia. Es inaceptable que por intereses personales se pretenda vulnerar los principios del derecho intencional como la soberanía de los estados», declaró.
A su vez, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, desaprobó que manifestantes estén siendo juzgados en Tribunales Militares y se notó preocupado por la falta de alimentos y medicamentos en Venezuela, el desconocimiento a la Asamblea Nacional y la suspensión de las elecciones regionales.
Rechazó la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), pues considera que como está establecida aumentaría la crisis en el país.
Videragaray respondió las acusaciones por parte del Gobierno venezolano, y reconoció que efectivamente en su país hay problemas, pero que se abren a ser tema en la OEA.
«Nosotros sabemos que tenemos problemas, pero nos abrimos al mundo para ser ayudados o cuestionados si ese fuera el caso, acción que en Venezuela no hacen porque todo lo consideran injerencia», puntualizó.
La canciller de Argentina, Susana Malcorra, enfatizó que Venezuela debe cumplir con sus obligaciones internacionales, las cuales a su juicio, son velar por los Derechos Humanos y permitir una democracia participativa a su «máxima expresión».
«Lo que aquí se discute no debe considerarse como injerencia, sino más bien un apoyo para salir de la crisis. A los venezolanos, la solución no está en las calles en donde hay un número creciente de fallecidos», dijo.
Malcorra opinó que la salida de la crisis venezolana está en su pueblo y para ello se tiene que liberar a los presos políticos, debe haber separación de poderes y establecerse un cronograma electoral.
Entretanto, María Ángela Holguín, exhortó al Gobierno y la oposición a convocar a un acuerdo nacional, además de invitar a otras naciones para que medien en el proceso, pues aseguró que «los venezolanos se merecen una vida distinta».
Holguín calificó como «terrible» la represión por parte de los efectivos de seguridad del Estado, al tiempo que pidió libertad de todos los presos políticos.
Llamó a respetar los derechos de los manifestantes y proteger sus vidas, así como no armar a civiles, por lo que propuso crear un «grupo de amigos», con la participación del Vaticano y un representante de la Organización de Nacionales Unidas.
Rechazó que se convoque a una Constituyente sin la participación del pueblo y reconoció el papel de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz y de la Asamblea Nacional.
Estados Unidos, Honduras, Perú, Costa Rica, Paraguay, Chile, Brasil, Canadá, Panamá y Uruguay se mostraron a favor de la convocatoria de la reunión de cancilleres y cuestionaron la Constituyente propuesta por el jefe de Estado venezolano, así como los manifestantes juzgados en tribunales militares, al tiempo que pidieron respetar al Parlamento, libertad para los presos políticos y los Derechos Humanos.
NV1/2001
