viernes 19 de abril de 2024

¡NUEVO ESCÁNDALO EN COLOMBIA! Mega desfalco de ayuda humanitaria destinada al COVID-19

Hurtos y estafas crecen en Colombia tan rápido como los contagios por el coronavirus, que ya cifra en 3.621 los infectados y 166 las muertes. En este marco, ocurrió el desvío de millones de dólares en un hecho de corrupción donde los responsables fueron legalmente exonerados por el gobierno de Iván Duque.

En menos de tres días, un nuevo comunicado conjunto de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría de Colombia anuncia la apertura de investigaciones por el desfalco de fondos destinados a la “ayuda humanitaria”, la cual se habría gestionado para la atención de millones de afectados por la pandemia derivada del coronavirus en la tierra del café.

Procuraduría Colombia

@PGN_COL

La @PGN_COL, @FiscaliaCol y @CGR_Colombia se permiten manifestar…

Comunicado conjunto en 📝: https://tinyurl.com/ycrz3t7t 

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Ocurre antes de cumplirse un mes de las irregularidades detectadas en diez departamentos por el desvío de millones de dólares gestionados en el marco de la emergencia. Una serie de hechos que salpican a lo más alto de la administración Duque, cuestionado además por haber blindado de responsabilidades penales a sus funcionarios antes de aplicar el programa.

El caso es descomunal y complejo; incluye un refinado entramado de corrupción para el desvío de fondos públicos ejecutados con la excusa de beneficiar a 3 millones de personas vulnerables, en medio de la COVID-19.

Se trata del “Programa Ingreso Solidario”, un esquema dirigido a familias en condición de pobreza que no reciben otras ayudas sociales del Gobierno. Pero en la práctica, hasta la pieza publicitaria difundida por la Presidencia incluye a una abuela que no recibió el dinero que la propaganda afirma.

Miles de “muertos” recibieron dinero

De acuerdo con las indagaciones preliminares de los entes de control público, el programa está plagado de “muertos vivientes” que aparecieron como beneficiarios, algo confirmado tras la serie de denuncias ciudadanas que llenaron las redes sociales y desembocaron en más de una reacción oficial.

“La cédula 999999 pertenecía a José Ferney Posada Bermúdez y quedó cancelada por la muerte de su dueño. El número debería estar fuera de circulación, pero aparece asociado a Uldarico Antonio Robles, uno de los felices beneficiarios de Ingreso Solidario”, publica la revista colombiana Semana.

Las irregularidades se convirtieron rápidamente tendencia en la red social Twitter bajo la etiqueta #RoboSolidario y llevó a las autoridades nacionales a desmontar la aplicación el 11 de abril, apenas tres días después de su lanzamiento. Para entonces, ya se había girado el dinero a 40% de los supuestos beneficiarios.

Son miles los “registros fraudulentos” 

Encargada oficialmente de los registros, la Dirección de Planeación Nacional –DPN intentó calmar los ánimos diciendo que hubo anomalías “en el buscador” que muestra los resultados desde su base de datos. Pero una auditoría al sistema reveló que, “así como el de Uldarico”, son miles los “registros fraudulentos” que reposan en la lista de personas llamadas a recibir la ayuda.

La revista colombiana detalla que son “al menos 35.283” los registros irregulares, toda vez que incluyen: “Números de cédulas con nombres falsos, muertos con cuenta bancaria lista para recibir el giro; personas que a pesar de tener identidad falsa tienen cuenta activa asociada al programa”.

Las dimensiones son monumentales, pues el programa tiene por destino inicial a 3 millones de colombianos, y ya alcanzaron a desembolsar recursos para 1,2 millones de personas.

Ello implica que a punta de giros modestos, el “Ingreso Solidario” cuesta unos 500.000.000.000 (quinientos mil millones de pesos): alrededor de 125 millones de dólares; de ellos, giraron 200.000.000.000, unos 50 millones de dólares. El resto habría quedado “pendiente” tras el escándalo que desataron los usuarios haciéndolo viral a través de Twitter.

Más de 54 mil registros fantasma

En este marco, la Registraduría de Colombia decidió depurar la base de datos. El hallazgo es tan sorprendente como perturbador: al menos 42.811 (1,48%) de las 2.886.000 cédulas analizadas habrían sido utilizadas para el desvío de recursos del erario público.

Pero la cifra es claramente mayor si se toma en cuenta que la información que remitió la Dirección de Planeación Nacional a la Registraduría “solo trae asociado el número de cédula de los beneficiarios, de modo que el listado no relaciona nombres ni sexo”.

Estima la revista colombiana que a ese número “habrá que sumarle por lo menos otros 12.000 registros de cédulas (elevando el porcentaje a 1,9% del total), cuyo portador no coincide con el nombre que aparece vinculado al programa de ayudas”.

Los 54.811 registros fantasma significarían unos nada despreciables 2.192.440 dólares americanos.

Complejo sistema de triangulación

Pero un complejo sistema de triangulación ejecutado en el peculiar desfalco llevaría ese número exponencialmente más arriba. Este argumento lo sugieren varios datos arrojados por la auditoría.

Uno de los miles de ejemplos es el nombre de “Cin Ñus”, beneficiario del programa bajo la cédula “1111111111”, número que en la Registraduría pertenece a Pacho de Jesús Caro Caro.

La cédula 222222 también está incluida en los casos. Pertenece a Pedro Vargas Triana, pero en el programa figura asociada a Johanna Támara Vásquez. Y aunque el número 3333333 pertenece a Jesús Antonio Posada, el programa le da el beneficio a Alfa María Pérez.

El listado es interminable, según denuncian los mismos supuestos beneficiarios. Uno de ellos es José Vicente Parra Díaz. Y es que el abuelo no tendría forma de quejarse de no recibir la ayuda de unos cuarenta dólares, porque según confirmó su nieto, ¡ese señor lleva cinco años muerto! 

Con su número de cédula (802747) se envió dinero a Andreína García, quien así figura en el programa.

Lo peor es que de los 3.000.000 de beneficiarios, ya Planeación Nacional realizó giros a 1.194.608 personas bancarizadas. Si bien el ente se esforzó en matizar que cuentan con los “nombres y cédulas plenamente identificados por entidades financieras”.

Omitió decir que cientos de registros de esos beneficiarios reportan un nombre en la Registraduría y otro diferente en el programa de ayudas. Eso implicaría, además, el hurto de otros 50 millones de pesos a través de cuentas “sobre las que ni siquiera está clara la identidad”, estima Semana.

Exonerados de responsabilidad

El Programa Ingreso Solidario fue creado por orden del presidente colombiano Iván Duque el 4 de abril de 2020.

El mandatario argumentó que era “para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del Estado de Emergencia Económica Social y Ecológica”, según se desprende del Decreto Legislativo 518 de 2020.

Una lectura detallada del documento, consultado en línea en la web de Presidencia, revela varios detalles curiosos.

En el Decreto justifica la necesidad de los aportes para cubrir el “derecho al mínimo vital de los hogares más vulnerables” y cifra en 160.000 pesos la ayuda no condicionada, unos 40 dólares por beneficiario, como parte de las “medidas excepcionales con el fin de brindar apoyos económicos a la población más desprotegida”.

Deja claro que el Departamento Nacional de Planeación – DNP “inició la construcción de una base maestra de información, que contiene distintos registros administrativos, tendiente a mejorar la identificación de los potenciales beneficiarios de las ayudas y transferencias otorgadas por el Gobierno nacional durante el término de duración de la crisis”.

Establece, con detalle, que el “DNP determinará el listado de hogares de los beneficiarios del Programa Ingreso Solidario…” teniendo en cuenta “hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad registrados en el Sisbén…” y permite usar “fuentes adicionales de información”.

La decisión se reitera cuando se indica que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público “tomará como ‘única fuente cierta de información de las personas beneficiarias del programa Ingreso Solidario’, aquella que para el efecto haya enviado el Departamento Nacional de Planeación”.

Sanciones selectivas

Sin embargo, lo que más llama la atención es el Parágrafo 1 donde se advierte la posibilidad de sanciones para las personas que habiendo recibido la ayuda sin que les corresponda no lo notifiquen, pero exonera de responsabilidad a las autoridades que ejecutan el programa.

“Aquellas personas que reciban las transferencias monetarias no condicionadas… sin el cumplimiento de los requisitos y no lo informen a la autoridad, o las reciban de forma fraudulenta, incurrirán en sanciones legales individuales.

«La configuración de estos supuestos no conlleva responsabilidad para quienes participen en la implementación de este programa”.

Investigan fraude masivo

Tras el escándalo, la Contraloría y la Fiscalía anunciaron la apertura de investigaciones, mientras que la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía inspeccionó la base de datos con el argumento de verificar si hay fraude masivo o no.

Los avances de la investigación demuestran que las inconsistencias son mucho mayores que las primeras cifras encontradas.

Sólo según los datos de Planeación Nacional, con base en la información fragmentada “y una parte que se suponía residual, con apenas 241.324 cédulas, arrojó 6.389 inconsistencias”; el 2,64% (dos veces el monto registrado en la cifra global).

Únicamente en ese grupo de registros figuran las cédulas de “5.495 muertos, de un total de 7.551 que traía la base de datos completa”, abunda Semana.

(Lea también: Procuraduría investiga desfalco millonario en Colombia de fondos destinados a frenar coronavirus COVID-19)

Además, la depuración de la Registraduría “es a simple vista la cuota inicial” para ver con claridad qué pasó con la base de datos y reactivar el programa.

La información enviada por Planeación Nacional permitió revisar la existencia de cédulas, “pero esos datos no alcanzan ni siquiera para contrastar las identidades de las personas beneficiarias, ni para saber si en realidad cumplen los requisitos”.

Todo esto sin contar que ya el daño está ya hecho; pues aunque hicieran ajustes en la depuración, lo cierto es que el gobierno de Duque giró recursos para 1,2 millones de cuentas bancarias, información sobre la que hasta la fecha “ninguna autoridad tiene detalles certeros”.

NAM/GLOBOVISION