Funcionarios del Gobierno de Donald Trump aseguraron este miércoles a legisladores estadounidenses que no existen planes actuales para realizar ataques dentro de Venezuela, y que la situación no justifica legalmente acciones militares sobre objetivos terrestres en el país sudamericano.
Durante una reunión clasificada con miembros del Congreso, encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y un funcionario de la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca, se informó que la opinión legal vigente del Departamento de Justicia, utilizada para justificar ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, no autoriza operaciones dentro de territorio venezolano ni en otros países.
La campaña militar estadounidense contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, iniciada en septiembre, se limita actualmente a objetivos marítimos, sin extenderse a la tierra. Hasta la fecha, se han llevado a cabo 16 ataques en el Caribe y el Pacífico oriental, con un saldo de al menos 67 personas fallecidas, según fuentes oficiales.
Aunque la administración Trump está evaluando obtener una opinión legal independiente que permita atacar objetivos terrestres sin autorización del Congreso, ninguna decisión sobre un posible ataque en Venezuela ha sido tomada, señalaron las fuentes. “Lo que es cierto hoy puede que no lo sea mañana”, afirmó un funcionario estadounidense, en referencia a la postura del presidente Trump.
El despliegue militar en el Caribe, que pronto incluirá al grupo de ataque del portaviones Ford, tiene como objetivo apoyar operaciones antinarcóticos y realizar labores de inteligencia, aseguraron los funcionarios, descartando un propósito ofensivo en territorio venezolano.
Durante la sesión informativa, legisladores expresaron preocupaciones sobre la legalidad y transparencia de los ataques. El senador demócrata Mark Warner destacó que la inteligencia estadounidense tiene buena visibilidad sobre el transporte de drogas, pero cuestionó la decisión de usar fuerza letal en lugar de interceptar las embarcaciones, método habitual de la Guardia Costera que permite obtener evidencia de narcotráfico. Por su parte, el representante Gregory Meeks señaló que no se le presentó evidencia suficiente para avalar legalmente los ataques.
El secretario Marco Rubio defendió el procedimiento, afirmando que cada ataque se rastrea cuidadosamente desde su planificación hasta la identificación de los puntos de entrega y las organizaciones involucradas. “Hay cientos de barcos navegando cada día, y muchos ataques no se llevan a cabo porque no cumplen con los criterios establecidos”, explicó.
La administración Trump continúa sosteniendo que su campaña marítima contra el narcotráfico se realiza dentro de un marco legal que no requiere la intervención del Congreso.
NAM/CNN
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