El Defensor del Pueblo Alfredo Ruíz, rechazó cualquier “trato cruel, inhumano y degradante”, contra los privados de libertar y afirmó que los responsables de este tipo de hechos deben ser sancionados.
Sostuvo que el Estado debe garantizar una investigación completa sobre el fallecimiento del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, porque el funcionario se encontraba bajo su responsabilidad.
“De ninguna forma y por ninguna causa” la tortura puede ser justificada.
«Los privados de libertad deben tener una dedicación especialísima porque esa persona ya no puede hacer gestiones para garantizar su propia salud», dijo.
En el programa A Tiempo de Unión Radio, resaltó que ante el hecho ocurrido el pasado 29 de junio, la defensoría abrió una investigación que fue remitida al Ministerio Público (MP), para que recopile todas las pruebas y los implicados en el caso sean sancionados.
Indicó que se debe realizar “un proceso independiente de justicia ordinaria; la autopsia ya no es realizada por las autoridades militares, sino por funcionarios de la medicatura forense y por un servicio especial que tiene el Ministerio Público en caso de presuntas violaciones de derechos humanos”.
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