En julio de 2017, en Maracaibo, un joven manifestante fue torturado sexualmente por ocho agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Los hechos narrados por la víctima fueron confirmados, y los funcionarios fueron condenados. Sin embargo, no hay altos cargos de ese cuerpo policial investigados, a pesar de haber evidencias suficientes para iniciar procedimientos disciplinarios y penales. El Estado tampoco ha reparado el daño que infligió al joven.
Por el contrario, el Estado, a través de una nota de prensa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y mensajes en redes sociales, ha revictimizado al joven al exhibir su identidad, exponiendo su seguridad personal y privacidad, a pesar de que se ha solicitado la reserva.
La falta de reparación de la víctima, la ausencia de investigación a altos cargos de la PNB y la revictimización por el sistema de justicia, reafirman la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), bajo el principio de complementariedad. La Corte debe evaluar este caso como muestra del patrón sistemático de violaciones de derechos humanos en Venezuela desde al menos abril de 2017.
El Estado debe reparar apropiadamente el daño que infligió al joven mediante la tortura sexual, el sometimiento de este a la justicia militar y la detención arbitraria por motivos políticos. Hasta que estas tres violaciones sistemáticas hayan sido reparadas, no habrá justicia para la víctima y existirá la posibilidad de repetición de estos graves crímenes.
La víctima ha solicitado en múltiples ocasiones la reserva de su identidad por razones de seguridad y privacidad, pero los requerimientos han sido ignorados por el Circuito Penal del Estado Zulia, a pesar de haberse reportado actos de persecución ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público.
A nivel nacional, el Estado ha implementado una política de exhibición de la identidad de la víctima sin empatía o consideración de los terribles daños infligidos a través de la tortura sexual. Esta política viola el derecho a la seguridad personal y la privacidad, y revictimiza dentro y fuera del proceso penal. Las víctimas merecen respeto. Las víctimas no son propaganda.
La falta de reparación a la víctima y la ausencia de investigación de altos mandos de la Policía Nacional Bolivariana confirman que en este caso no ha habido justicia plena como han anunciado el Tribunal Supremo de Justicia o el Ministerio Público.
NAM/AGENCIAS
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