Han transcurrido 25 días de la muerte del concejal metropolitano Fernando Albán y sus familiares continúan exigiendo justicia. A la fecha no ha habido conclusión sobre las investigaciones que iniciaron sobre el caso el Ministerio Público y la Asamblea Nacional.
“Ya han pasado 21 días desde el asesinato de mi padre. Exigimos justicia”, escribió su hijo, Fernando Albán Osío, el lunes 29 de octubre en Twitter. Para la familia no son suficientes las declaraciones sobre el caso, que consideran contradictorias, del fiscal designado por la asamblea nacional constituyente, Tareck William Saab.
Joel García, abogado del equipo de defensa de la familia del concejal, respondió al fiscal y preguntó: “¿Cómo vamos a poder auditar la autopsia si nos niegan la copia del expediente?”. Agregó que la Fiscalía no ha cumplido con el debido proceso de la investigación al retrasar la entrega del documento que contiene los resultados forenses y testimonios de las experticias.
El organismo de justicia se encuentra en mora desde hace una semana con las copias del expediente que debían entregarle el viernes pasado a la defensa de Albán, luego de tres días de la solicitud.
Esta situación limita a los abogados a ejercer acciones independientes para aclarar el suceso. Por ejemplo, sin la copia del expediente no pueden solicitar que otros organismos evalúen la autopsia, ni tampoco realizar una investigación independiente. “Se busca dilatar y obstruir la búsqueda de la verdad y de la justicia”, agregó García.
La Fiscalía solo les permitió leer el expediente, el cual contiene 182 páginas que incluyen testimonios de testigos y fotografías del suceso que ocurrió el lunes 8 de octubre en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Plaza Venezuela, donde Albán permaneció detenido durante tres días.
“La obstrucción trata de opacar algo; el debido proceso es que todo se mantenga transparente. Hay muchas cosas que investigar sobre el caso, pero si no nos dan las herramientas –las copias del expediente– es imposible hacerlo”, indicó el abogado.
La diputada Delsa Solorzano, presidente de la Comisión de Política Interior del Parlamento, coincidió con esa opinión al afirmar que el gobierno busca ocultar “la verdad y encubrir a los responsables del asesinato”, debido a que ninguno de los organismos de seguridad y de justicia del Estado, que están involucrados en la investigación, han aportado información que les han solicitado desde la AN, que inició una investigación independiente para aclarar el suceso.
Marino Alvarado, abogado de la ONG Provea, señaló que la actuación dilatoria de los organismos constituye una violación al derecho a la justicia de los familiares del concejal.
“Hay intención del gobierno, complacido por el fiscal, de no investigar el caso Albán, de dejar esa muerte impune”, manifestó. Afirmó que la falta de independencia de los poderes –Fiscalía y Defensoría del Pueblo– en Venezuela “no garantiza una investigación independiente”.
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello exhortó a las instituciones del Estado a no manejar el caso con opacidad, así como investigar, juzgar a los responsables, si los hay, y dar garantías para impedir que ese tipo de sucesos continúe sucediendo en instituciones policiales.
El Dato
El Ministerio Público solicitó la imputación por quebrantamiento de atribuciones de custodia para dos funcionarios del Sebin, que presuntamente resguardaban a Albán en el momento del suceso. La pena de ese delito oscila entre 15 días y 6 meses de prisión. La audiencia de imputación está pautada para el próximo 5 de noviembre en el Tribunal 31° de Control del área metropolitana de Caracas.
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NAM/El Nacional
