La oficina del fiscal de un condado de Texas fronterizo con México anunció este domingo que decidió retirar los cargos contra Lizelle Herrera, una mujer hispana acusada de asesinato por un presunto aborto «autoinducido».
En un comunicado, el fiscal del distrito que tiene jurisprudencia sobre el condado texano de Starr, en el valle del Río Grande, dijo que este lunes presentará una moción que «desestimará la acusación» contra Herrera, cuyo caso había conmocionado a numerosas organizaciones.
«Tras revisar la ley aplicable en Texas, está claro que la señorita Herrera no puede y no debe ser procesada por la acusación presentada en su contra», escribió el citado fiscal, Gocha Allen Ramírez.
Herrera, de 26 años, quedó detenida el pasado jueves. Esto bajo una fianza de medio millón de dólares. Estuvo acusada de «asesinato» por haber supuestamente «causado la muerte de una persona mediante el aborto autoinducido». Así lo aseguró el viernes la oficina del alguacil de ese condado.
Este sábado, tras una fuerte presión de los grupos que defienden los derechos reproductivos en el valle del Río Grande, Herrera fue liberada bajo fianza. Consiguió representación legal.
Su caso generó alarma entre las activistas que apoyan el acceso legal al aborto debido a la gravedad del cargo presentado en su contra y porque no estaba claro qué ley podía justificar esa acusación, incluso en un contexto tan restrictivo como el texano.
En Texas rige desde septiembre un veto casi total al aborto que prohíbe esa práctica en cuanto se detecte actividad cardíaca fetal, alrededor de las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas.
Sin embargo, no es la persona embarazada quien puede ser procesada en función de esa ley. Sino los médicos u otras personas que la ayuden a abortar -y nunca por la vía penal, sino por la civil-, por lo que esa legislación no justificaba la acusación contra Herrera.
El fiscal Allen Ramírez subrayó este domingo que Herrera «no cometió un acto criminal bajo las leyes del estado de Texas». Esto en un intento de evitar que su caso atemorice a otras personas que puedan atravesar circunstancias similares.
Según Frontera Fund, una organización que apoya el acceso al aborto en el valle del Río Grande, Herrera quedó bajo arresto después de acudir al hospital por un «aborto espontáneo». Así como dar «algo de información al personal del hospital, que la denunció a la Policía».
El fiscal dijo que la oficina del alguacil hizo lo correcto al «investigar» el caso. Pero que en ningún momento debió emitir una acusación por la vía penal. Que lo ocurrido «ha pasado factura» a Herrera y a su familia.
NAM/ElNacional
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