La Administración demócrata presenta en el Congreso su reforma migratoria, que supone el cambio más ambicioso en el sistema en más de tres décadas
La Administración Biden y los demócratas en el Capitolio han presentado este jueves una ambiciosa legislación que, de aprobarse, significará un profundo cambio en el sistema migratorio de Estados Unidos. La pieza central del proyecto de ley, que se construye sobre las prioridades marcadas por Biden en su primer día en la Casa Blanca, es la apertura de la primera vía hacia la nacionalidad que se abre en más de tres décadas para los cerca de 11 millones de inmigrantes sin documentos que viven en el país. Supondría garantizar la ciudadanía a esas personas, en su mayoría procedentes de México y Centroamérica, después de un proceso de ocho años.
“Estamos hoy aquí porque el pasado mes de noviembre 80 millones de estadounidenses votaron contra Donald Trump y contra todo lo que representaba”, ha dicho el senador demócrata Bob Menendez, en una conferencia de prensa virtual. “Votaron por restaurar el sentido común, la compasión y la competencia de nuestro Gobierno. Parte de ese mandato es arreglar nuestro sistema migratorio, que fue un pilar del odioso espectáculo de horror de Trump”.
La legislación migratoria constituye un asunto delicado en el Capitolio desde hace décadas. La última iniciativa comparable se aprobó en 1986, cuando un proyecto de ley firmado por Ronald Reagan legalizó a tres millones de indocumentados. En 2013, La Administración Obama intentó sin éxito sacar adelante una iniciativa semejante en el Congreso.
El proyecto de Biden rompe además con la fórmula que se ha utilizado en los últimos intentos de los demócratas para tratar de aprobar una reforma migratoria: para atraer apoyo de los republicanos, se combinaban las vías de acceso a la ciudadanía a los indocumentados con el reforzamiento de la seguridad en la frontera. La propuesta de Biden elude ese modelo y, en lugar de compromisos de reforzar la frontera como contrapartida, el proyecto de ley incluye medidas para abordar las “causas profundas” de la migración. Así, contempla inversiones de más de 4.000 millones de dólares en cuatro años en El Salvador, Guatemala y Honduras, confiando en que contribuyan a mitigar la pobreza y la violencia que empujan a muchas personas a emigrar. También prevé la creación en la región de centros de solicitudes de asilo para acceder a EE UU legalmente, evitando el peligroso viaje clandestino hasta la frontera.
Los demócratas cuentan con frágiles mayorías en ambas cámaras. Pero en el Senado, donde cada partido tiene tras las elecciones de noviembre 50 escaños y la vicepresidenta Harris, el voto de desempate, necesitarían 10 votos republicanos para evitar un bloqueo por la técnica del filibusterismo. Se trata de un objetivo difícil, sobre todo en un tema como la inmigración, que se ha convertido en uno de los más polarizadores del país.
La mano dura contra la inmigración fue uno de los ejes del trumpismo, y uno de los grandes elementos cohesionadores de las bases del anterior presidente. La fidelidad del Partido Republicano a Trump, demostrada la semana pasada en su absolución en el Senado, indica que la negociación será difícil.
Biden tendría otros recursos si no lograra el apoyo de esos 10 senadores republicanos, como abolir el filibusterismo o recurrir a un proceso de reconciliación presupuestaria que requeriría solo mayoría simple, pero miembros de su administración, en una conversación con periodistas, evitaron aclarar si el presidente estaría dispuesto a ello. “Es demasiado pronto para especular con eso”, explicaron. El presidente sí indicó el pasado martes, en un encuentro con votantes para la CNN, que si la aprobación del plan entero se pone cuesta arriba, podría estar dispuesto a fragmentarlo en varias leyes para facilitar la tramitación.
La negociación de la reforma migratoria se suma a otras extremadamente ambiciosas iniciativas legislativas que ocupan estos días al Capitolio. La principal, el nuevo paquete de rescate contra la pandemia, por valor de 1,9 billones de dólares. La ley migratoria sirve de recordatorio de los colosales desafíos a los que se enfrenta el país, ocultos en parte por la urgencia de luchar contra la crisis sanitaria.
El proyecto de ley refleja las prioridades esbozadas por el presidente en un decreto firmado en su primer día en la Casa Blanca. En las semanas siguientes ha firmado más decretos. Entre ellos, uno que paraliza la construcción de un muro fronterizo y otro que pone fin a la declaración de emergencia en la frontera dictada por su predecesor. Pero las competencias de un presidente en materia migratoria, aunque muy amplias, no son ilimitadas. Hay cosas que no se pueden hacer por vía ejecutiva, como pudo comprobar Trump cuando desató una compleja batalla judicial al tratar de poner fin al programa DACA, que protege de la deportación a aquellos migrantes que llegaron al país siendo niños, a los que se conoce como dreamers.
El proyecto de ley de Biden contempla que los inmigrantes sin documentos puedan vivir y trabajar en Estados Unidos legalmente. Tras cinco años, pueden solicitar la green card, el documento que otorga la residencia permanente. Y tres años después, pueden solicitar la nacionalidad. Para evitar que se disparen las llegadas, los solicitantes tienen que haber ingresado en el país antes del 1 de enero de 2021, y deberán acreditar que cumplen algunos requisitos, como carecer de antecedentes penales y estar al día con el pago de impuestos. Algunos inmigrantes, como los trabajadores del campo o los propios dreamers, podrían solicitar la green card de manera inmediata.
NAM/EL PAÍS
