El Consulado de la República Oriental del Uruguay en Caracas asumió la atención directa e inmediata del ciudadano con doble nacionalidad uruguaya y venezolana, José Breijo, de 73 años de edad. El anciano fue excarcelado recientemente bajo un cuadro de salud extremadamente crítico y obligado a vivir una pesadilla logística en su propio hogar.
De acuerdo con las declaraciones emitidas por la defensora de derechos humanos de origen uruguayo, Giuliana BC, el cónsul general de la nación rioplatense en Caracas ha mantenido un monitoreo constante sobre la situación de Breijo, convirtiéndose en el primer funcionario diplomático en romper la inercia institucional. «El representante diplomático se ha presentado personalmente y ha colaborado activamente con los insumos médicos, alimenticios y logísticos necesarios para su situación actual. Hasta el momento, ha sido la única autoridad gubernamental que se ha hecho presente de manera directa junto al ciudadano», detalló la activista a través de su cuenta oficial en la plataforma X.
El «karma» de una fotografía en Caracas
El caso de José Breijo, un exadministrador hotelero y cocinero que migró a Venezuela en el año 1979, ha resonado con fuerza en las últimas semanas dentro de los informes de las agencias internacionales como AFP. El septuagenario fue detenido a finales de 2023 por tomar una fotografía de la fachada de una oficina vinculada a un presunto grupo islamista en Caracas en pleno estallido del conflicto en el Medio Oriente.
Breijo fue excarcelado la semana pasada en el marco de la ola de amnistías presidenciales impulsadas por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez. Las secuelas de su encarcelamiento son evidentes: graves deficiencias respiratorias y severas úlceras en ambas piernas debido a la falta de atención médica en los calabozos.
La odisea del ciudadano uruguayo dio un vuelco aún más dramático al recibir el beneficio de arresto domiciliario. Al trasladarse a su apartamento en Caracas —donde residía desde hacía más de dos décadas— se enteró de que el inmueble había sido invadido ilegalmente por el mismo funcionario policial que lo arrestó en 2023.
Durante varios días, el anciano se vio forzado a pernoctar sobre un viejo colchón en el pasillo exterior del edificio, en plena intemperie, bajo la amenaza constante de los mismos efectivos de seguridad que pretendían desalojarlo del área común. «Si me voy de aquí, me meten preso por violar la cautelar de arresto domiciliario», relató Breijo a los corresponsales extranjeros mientras mostraba las escaleras que debía subir con dificultad.
Presión civil y traslado de emergencia a un hospital
La indignación en las redes sociales y la fuerte presión ejercida por periodistas independientes forzaron la intervención del Estado. La defensora del pueblo, Eglée González, se presentó finalmente en la residencia, coordinando la restitución del apartamento a su legítimo dueño. El funcionario policial desalojó el inmueble en horas de la madrugada, pero dejando un panorama desolador: la vivienda fue completamente desvalijada y saqueada, dejando al anciano sin sus pertenencias de toda la vida.
Tras constatar su ahogo y deficiencias respiratorias, la Defensoría del Pueblo autorizó el traslado de emergencia de Breijo hacia un centro de salud de Caracas, donde permanece internado bajo estricta observación médica. Gremios civiles y defensores de derechos humanos insisten en que el Tribunal Segundo de Terrorismo debe dictar la libertad plena e inmediata para el ciudadano, argumentando que su caso es el reflejo de la indefensión jurídica que enfrentan los excarcelados políticos en el país.
NAM-Agencias
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