El drástico recorte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) pone en riesgo el futuro de múltiples programas en América Latina, dejando a millones de personas sin asistencia en áreas clave como salud, educación y migración. La decisión, impulsada por el presidente Donald Trump, supone el fin de seis décadas de cooperación internacional y genera incertidumbre en una región que ha dependido en gran medida de estos fondos.
Inicialmente planteado como un ajuste temporal de noventa días, el recorte de USAID ha evolucionado hacia una medida definitiva que amenaza la operatividad de la agencia a nivel global. A pesar de un bloqueo judicial temporal, el plan de la administración Trump contempla reducir el personal de la entidad de 10.000 a solo 290 empleados, además de transferir su gestión al Departamento de Estado. En el caso de América Latina, la oficina regional se verá reducida a un mínimo de ocho funcionarios, impactando gravemente la ejecución de proyectos estratégicos.
Los efectos de esta decisión ya se sienten en países como Colombia, que en 2024 recibió casi 400 millones de dólares de USAID para programas humanitarios y de seguridad. Sin estos recursos, iniciativas clave en justicia, educación y salud podrían verse paralizadas. La crisis migratoria es otra de las áreas afectadas, especialmente en zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador, donde la reducción de financiamiento debilita la capacidad de atención a refugiados y limita la implementación de estrategias de integración.
En Brasil y Perú, la eliminación de fondos impacta directamente la lucha contra el narcotráfico y la protección del Amazonas, poniendo en peligro acuerdos que preveían una inversión de cientos de millones de dólares hasta 2030. Mientras tanto, en Guatemala, Honduras y El Salvador, la cancelación de programas amenaza con desestabilizar proyectos en agricultura, derechos humanos y combate a la corrupción, elementos fundamentales para el desarrollo y la estabilidad social de estos países.
El golpe financiero también repercute en México, donde organizaciones sociales advierten sobre la desaparición de iniciativas en favor de migrantes y comunidades vulnerables. En República Dominicana, el presidente Luis Abinader ha solicitado a Washington reconsiderar la medida, argumentando que la falta de apoyo a Haití podría generar una crisis humanitaria con impacto regional.
Aunque existen otras fuentes de financiamiento, la ausencia de USAID deja un vacío difícil de llenar.
NAM/Agencias
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