El martes se aprobó por unanimidad la “Ley Orgánica de la Megareserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del Orinoco y la Amazonia” y se derogó el decreto 2.248, firmado por Nicolás Maduro, donde se creó el Arco Minero, región que actualmente denuncian los diputados que se está generando “el mayor crimen ecológico de la historia“.
El diputado por el estado Yaracuy y a su vez presidente del Parlamento Amazónico, Ramón Flores, comentó que con la nueva ley se busca recuperar la soberanía en el país, para “evitar que se destruya el patrimonio ecológico de la humanidad, que pertenece a los venezolanos y se protegerá el potencial hidroeléctrico de la cuenca del Caroní“.
El Arco Minero del Orinoco está ubicado en el norte del estado Bolívar, parte del estado Amazonas y el estado Delta Amacuro. En él, se encuentran grandes reservas de oro, diamante, coltán, hierro y bauxita, pero actualmente el control de la zona está en manos de guerrilleros y bandas criminales, aseguran diputados de la Asamblea Nacional.
Flores aseguró que las operaciones en el Arco Minero “producen un daño irreversible” en los estados que lo conforman. Recalcó que la extensión del Arco es tan grande (112 mil kilómetros cuadrados) “siendo un territorio más grande que Cuba, Portugal o Costa Rica”.
Según el diputado, el uso de cianuro y mercurio para la extracción de los minerales “destruye todo a su paso, la flora, fauna, montañas, tepuyes, aguas, el Salto Ángel, el Parque Nacional Canaima-que es patrimonio natural de la humanidad, según la Unesco- y la gran cuenca del Caroní, donde se genera el 70% de la energía eléctrica del país”.
Esta situación obliga a los indígenas a abandonar sus tierras
El legislador comentó que la situación actual “significa una tragedia para las comunidades indígenas, quienes se sienten estafadas por el régimen de Maduro, porque deben salir de sus tierras originarias para poder sobrevivir a la miseria, hambruna y enfermedades”.
Otro de los objetivos de la ley es que Venezuela supere el “rentismo minero destructor” y “promueva más el turismo”, aseguró.
Flores agradeció al presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, por la prioridad que le otorgó a la ley, al respaldo de la comisión mixta-que la integran los diputados Américo de Grazia (estado Bolívar), Julio César Reyes (estado Barinas), Ezequiel Pérez (estado Táchira) y Francisco Sucre (estado Bolívar).
También mostró su agradecimiento con el redactor de la legislación, el doctor Alexander Luzardo Nava, quien fue senador de la República y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Se derogaron también todos los decretos ecológicos “hechos en socialismo”.
Luzardo Nava comentó que, además de anularse el decreto 2.248 que creó el Arco Minero, quedan anulados todos los que “avalen la minería a mansalva”, entre ellos se encuentra el 3.110, firmado por el expresidente Chávez, que destruyó la reserva forestal del Parque Nacional de Imataca, el 2.231, con el que nació la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), que puso en manos militares la explotación de los minerales.
El nuevo instrumento legal creará “un corredor ecológico en el sur del país”, según el exsenador.
Desde el @Parl_Amazonico seguiremos denunciando la devastación más grande que ha cometido este régimen, el daño ecológico que le ha hecho al arco Minero del Orinoco. pic.twitter.com/5jxCnHjp0Z
— Ramon Flores Carrillo (@LiderHumano) June 23, 2018
NAM/Caraota Digital
