El exilio venezolano en Estados Unidos, agrupados en las organizaciones Veppex y Amavex, condenaron este jueves la decisión de la administración de eliminar el Estatuto de Protección Temporal (TPS) para más de 260 mil venezolanos que estaban inscritos en 2021 bajo la administración Biden.
«Esta medida amenaza con deportar a miles de familias que huyeron de un país donde la represión sistemática contra disidentes, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura son prácticas de Estado”, afirmaron las organizaciones en un comunicado conjunto difundido a la prensa.
“Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria compleja y una devastación económica con hiperinflación superior al 1,000,000% desde 2013, mientras leyes como la “Ley contra el Odio” castigan la disidencia con penas de hasta 30 años de prisión”, acotaron.
Por último, las organizaciones llamaron al juez Chen a emitir una decisión inmediata en el caso National TPS Alliance, et al., v. Kristi Noem, et al. (No. 3:25-cv-01766) para extender el TPS de 2021.
El presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) aseguró que «quitar el TPS a los venezolanos los quieren deportar a un país liderado por un cartel de narcotraficantes».
A continuación, comunicado íntegro:
VEPPEX y AMAVEX condenan enérgicamente la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 257.000 venezolanos bajo la designación de 2021, que vence el 10 de septiembre de 2025. Esta medida amenaza con deportar a miles de familias que huyeron de un país donde la represión sistemática de disidentes, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura son prácticas estatales. Venezuela enfrenta una emergencia humanitaria compleja y una devastación económica, con una hiperinflación que supera el millón desde 2013, mientras leyes como la llamada «Ley Antiodio» castigan la disidencia con hasta 30 años de prisión.
Con el mayor respeto, instamos al juez Chen a emitir una decisión inmediata en el caso National TPS Alliance, et al., v. Kristi Noem, et al. (n.° 3:25-cv-01766) para extender el TPS de 2021. La suspensión del caso el 25 de agosto de 2025 deja a 257.000 venezolanos en una situación crítica, enfrentando la pérdida de sus permisos de trabajo y la amenaza de deportación en menos de una semana. Solicitamos urgentemente una medida cautelar para mantener el TPS vigente hasta que se resuelva el litigio, evitando así daños irreparables a familias y comunidades.
La terminación del TPS de 2021 es ilegal, arbitraria e infundada, ya que ignora las condiciones inhumanas en Venezuela. Bajo el régimen de Nicolás Maduro, persiste la represión política sistemática, como lo han documentado la ONU y la OEA: líderes de la oposición perseguidos, líderes sociales desaparecidos, periodistas encarcelados y ciudadanos sometidos a violencia institucional. Deportar a los beneficiarios del TPS los expondría una vez más a la persecución, el hambre y la violencia extrema.
Acciones solicitadas:
Juez Chen: Emitir una orden preliminar antes del 10 de septiembre de 2025 para extender el TPS de 2021.
Congreso: Aprobar la Ley de TPS de Venezuela de 2025 para otorgar la residencia permanente a los venezolanos.
DHS: Revocar la terminación del TPS de 2021 y reconocer la crisis actual de Venezuela.
ACLU: Reforzar la demanda y emprender acciones legales adicionales para proteger a los beneficiarios.
NAM/Agencias
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