El gobierno del presidente Donald Trump abrió el miércoles la puerta para demandas contra empresas extranjeras que operen en propiedades confiscadas a estadounidenses tras la revolución cubana de 1959.
La decisión representa un cambio en más de dos décadas de política estadounidense hacia La Habana y un golpe a los esfuerzos de La Habana para atraer inversión extranjera a la isla de gobierno comunista.
Durante una conferencia de prensa en Washington, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que no renovará una prohibición a las litigaciones, que ha estado vigente desde hace dos décadas.
Esto significa que se podrán presentar demandas a partir del 2 de mayo, cuando expire la suspensión actual. La decisión podría afectar a decenas de empresas canadienses y europeas por hasta decenas de miles de millones de dólares en indemnizaciones e intereses.
“Cualquier persona o empresa que haga negocios en Cuba debe prestar atención a este anuncio”, declaró Pompeo.
Pompeo dijo que el gobierno estadounidense estaba actuando porque reconocía la “realidad” de que la prohibición de las demandas, que ha estado en vigor desde 1996, no había logrado el objetivo de presionar a Cuba para que promulgara reformas democráticas o frenara lo que él calificó de exportación de opresión a toda América, particularmente a Venezuela.
“Vemos claramente que la represión del régimen contra su propio pueblo y la exportación persistente de la tiranía en la región sólo ha empeorado, porque los dictadores perciben el apaciguamiento como debilidad, no como fuerza”, dijo a los periodistas en el Departamento de Estado.
El anuncio de Pompeo da a los estadounidenses el derecho de demandar a las compañías que operan en hoteles, negocios tabaqueros, destilerías y otras propiedades que Cuba nacionalizó después de que Fidel Castro tomara el poder.
Permite que los cubanos que se convirtieron en ciudadanos estadounidenses años después de que les quitaron sus propiedades puedan presentar demandas.
“Esas oportunidades de justicia para esos ciudadanos han estado fuera de alcance durante dos décadas”, declaró Pompeo.
Hay alrededor de 6.000 reclamos que el Departamento de Justicia ha certificado como meritorios, según Kimberly Breier, la principal diplomática de Estados Unidos para América. Esas pretensiones tienen un valor calculado en 8.000 millones de dólares: 2.000 millones en propiedades y 6.000 millones en intereses, dijo. Además, hay alrededor de 200.000 reclamaciones sin certificar que podrían ascender a decenas de miles de millones de dólares, agregó.
Breier declaró que no habría excepciones a la decisión, lo que ya ha provocado respuestas severas de Canadá y Europa, que se comprometieron a proteger a sus empresas de demandas judiciales. Dijo que la única manera de que las empresas estén a salvo de los litigios será asegurarse de que no están haciendo negocios con propiedades expropiadas.
“Las empresas europeas que operan en Cuba no tendrán nada de qué preocuparse si no operan en propiedades que les han sido arrebatadas a los estadounidenses”, aseveró.
El anuncio se hizo mientras Cuba se esfuerza por atraer inversión extranjera y el gobierno de Trump toma medidas para aislar al asediado mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien se aferra al poder con la ayuda de otros países, entre ellos Cuba, China y Rusia.
La portavoz del gobierno de España, Isabel Celaá, informó el miércoles que las autoridades ofrecerán apoyo a cualquier empresa española afectada por posibles demandas de Estados Unidos contra empresas extranjeras en Cuba. Celaá no se explayó sobre la forma que podría adoptar el apoyo del gobierno español.
España tiene grandes inversiones en hoteles y otros sectores relacionados con el turismo en Cuba.
Un alto funcionario del gobierno español dijo a The Associated Press que Madrid pediría a la Unión Europea que impugne la medida de Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio.
Empresas de Canadá, Francia y Gran Bretaña, entre otros países, también realizan negocios en propiedades nacionalizadas después de que Castro tomó el poder.
La Unión Europea advirtió el miércoles que está preparada para proteger los intereses de las firmas europeas o personas que hagan negocios en Cuba que podrían verse afectadas por las anunciadas demandas estadounidenses.
El vocero de la Comisión Europea, Alexander Winterstein, dijo que la UE “está preparada para proteger los intereses europeos, incluyendo las inversiones europeas y las actividades económicas de los individuos y entidades europeos en sus relaciones con Cuba”.
Winterstein enfatizó la “firme oposición (de la UE) a la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales, que considera contrario a la ley internacional”.
Se ha negado a decir qué medidas están siendo sopesadas.
Tras el anuncio de Pompeo, se prevé que el asesor estadounidense de seguridad nacional John Bolton discuta la nueva política durante un discurso en Miami, en donde residen miles de exiliados e inmigrantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El discurso en la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos se realizará en el 58vo aniversario de la fallida invasión estadounidense a la isla, en un intento de derrocar al gobierno cubano.
Johana Tablada, subdirectora de Cuba para asuntos estadounidenses, tuiteó imágenes sobre la votación en la ONU contra el embargo estadounidense realizada a finales del año pasado, y escribió: “Antes de que se encaramen eufóricos en la cresta de la ola de su maldad y mentiras, he aquí un toque de realidad. En verdad, el mundo le dijo a John Bolton y al gobierno de Estados Unidos que elimine su bloqueo criminal contra Cuba y la Ley Helms-Burton”.
La ley de 1996 les otorga a los estadounidenses el derecho a demandar a las compañías, en su mayoría europeas, que operan hoteles, fábricas de tabaco, destilerías y otras propiedades que Cuba nacionalizó después de que Fidel Castro tomó el poder. Incluso permite las demandas de cubanos que se nacionalizaron estadounidenses años después de que sus propiedades fueron expropiadas.
“La aplicación territorial del embargo de Estados Unidos es ilegal es contraria al derecho internacional”, dijo Alberto Navarro, embajador de la UE ante Cuba. “Yo, personalmente, lo considero también inmoral, y ahí están los 60 años que lo único que aportó el embargo es sufrimiento al pueblo cubano”.
Las aerolíneas y cruceros estadounidenses, que llevan a cientos de miles de viajeros a Cuba cada año, aparentemente estarían exentas.
Cada presidente estadounidense desde Bill Clinton ha suspendido una cláusula de la ley para evitar esas disputas comerciales y las posibles demandas en masa que evitarían cualquier acuerdo a futuro con Cuba sobre las propiedades nacionalizadas. Cuba ha indicado que está dispuesta a reembolsar a los dueños de las propiedades confiscadas, pero sólo si el gobierno comunista también es reembolsado por los miles de millones de dólares en daños generados por las seis décadas de embargo comercial estadounidense.
El anuncio se hizo en un momento de grave debilidad económica en Cuba, que pasa apuros para encontrar fondos suficientes para importar alimentos básicos y otros suministros después de la caída en la ayuda proveniente de Venezuela y una serie de años negativos en otros sectores económicos.
NAM/AP
