El régimen chavista es juez y parte en el “juicio histórico” que decidió abrirle a la oposición venezolana.
Mientras el presidente, Nicolás Maduro, usa las recientes sanciones económicas aplicadas por EE.UU. para condenar política y judicialmente a la disidencia por “traición a la patria”, la Asamblea Constituyente afila su aparato represivo.
Atendiendo una exigencia de Maduro, la Constituyente resolvió la semana pasada iniciar “conjuntamente con los órganos del Estado un juicio histórico por traición a la patria” contra la dirigencia opositora, a la que acusan de promover y apoyar las medidas dictadas por la Casa Blanca, las cuales, entre otras cosas, prohíben “realizar transacciones con títulos de deuda y acciones emitidos por el Gobierno venezolano y su compañía petrolera estatal (PDVSA)”.
“Sabemos que Freddy Guevara (primer vicepresidente del Parlamento) es un delincuente y tiene que pagar, que Julio Borges (presidente del Parlamento) es otro delincuente que tiene que pagar, ellos no tienen patria”, sentenció la constituyente Iris Varela.
El Código Penal Venezolano impone penas de hasta 30 años de prisión –tope del ordenamiento jurídico local– a quienes incurran en el delito de traición a la patria.
Valiéndose de la “plenipotenciaria” Constituyente, foro integrado por 545 chavistas, Maduro ha recrudecido la persecución contra sus adversarios políticos. Al día siguiente de su instalación, el 4 de agosto, destituyó a la fiscal general, Luisa Ortega, y designó en su lugar a Tarek William Saab.
De esta forma, el Ejecutivo retomó el control sobre el Ministerio Público, institución que dirige la acción penal y, además, lleva la investigación y el registro oficial de las víctimas de las últimas protestas, que arrojaron más de 130 muertos.
Luego de remover a Ortega, activaron una “comisión de la verdad” para castigar a los culpables de los “hechos de violencia por motivos políticos e intolerancia” que han ocurrido en el país desde 1999.
La presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, definió esta instancia como “un instrumento muy poderoso para determinar responsabilidades políticas y morales de aquellos que, amparados en poderes imperiales y fácticos, se han dedicado (…) a subvertir el Estado de derecho”.
Maduro solicitó a la Constituyente aprobar una “ley constitucional contra el odio, la intolerancia y la violencia” para meter en la cárcel hasta por 25 años a todo “aquel que salga a las calles a expresar intolerancia y odio”.
“Hay un resurgimiento de las corrientes neonazis, fascistas, y el odio y la intolerancia que impulsaron ellos lo impulsó la MUD (Mesa de la Unidad Democrática, coalición opositora)”, dijo el mandatario.
El último eslabón de la cadena con la que el régimen chavista está asfixiando a la disidencia es este “juicio histórico”, planteado por Maduro y apoyado por la Constituyente, el Ministerio Público y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, quien propone elevar la pena por traición a la patria a más de 50 años de prisión.
Lee la nota completa acá
NV1 / El Tiempo (Pedro Pablo Peñaloza)
