Pedir asilo no protege de la cárcel a los inmigrantes venezolanos en Trinidad y Tobago. Aunque la nación caribeña es parte de la Convención sobre los Refugiados de 1951 que establece la prohibición de expulsión y de devolución, las autoridades trinitenses han encarcelado y deportado a venezolanos que escapan de la crisis política y económica.
El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, ha manifestado que no permitirán que las Naciones Unidas conviertan a su país en un “campo de refugiados”.
Rowley hizo la afirmación a pesar de que Trinidad y Tobago es firmante de la Carta de la ONU desde el 18 de septiembre de 1962 que establece, en el artículo 2.2, la obligación de cumplir de buena fe las obligaciones contraídas por los signatarios, argumenta el abogado especialista en Derechos Humanos, Jesús Ollarves en su artículo “Trinidad y Tobago pone en peligro a los migrantes venezolanos”.
La inexistente legislación en materia de atención a refugiados en Trinidad y Tobago y Curazao complica aún más el panorama para los migrantes venezolanos quienes se encuentran en un “limbo jurídico”.
En el Acta de Inmigración de 1969, enmendada por última vez en 1995, que rige el andamiaje legal de Trinidad y Tobago no hay una sola referencia a la figura de asilo o refugio.
“El gran problema es que, si bien cualquier venezolano puede pedir asilo y muy probablemente la oficina de la ONU en ese país adelante su caso, no tienen una ley interna que regule ese proceso. Como en las leyes no está desarrollado el término de refugiado no quedan claros los derechos que estas personas tienen en el sentido de trabajar, poder tener una empresa, etc”, explica el abogado especialista en derecho internacional, Mariano de Alba.
De Alba señala que solicitar el asilo debería proteger al inmigrante venezolano, “pero al final depende de las autoridades de cada país” y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) “solo puede recordar los compromisos que se han asumido y exhortarlos a otorgar el estatus de protegido a estas personas que salen de su país por violación de derechos humanos”, explica.
El especialista destaca que los inmigrantes los protege el “principio de no devolución” que se refiere a la prohibición de expulsar a personas al territorio donde su vida o su libertad peligre por causa de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas.
En el caso de Curazao, De Alba indica que las autoridades alegan que la Convención sobre los Refugiados de la ONU no aplica en su territorio porque ya no forman parte de las Antillas Holandesas.
Sin embargo, el abogado agrega que el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales sí obliga a esta nación a dar protección internacional a solicitantes de refugios.
Solicitudes de asilo en aumento
En 2017 el número de solicitantes incrementó a 2.000 procesados por la agencia católica de atención al refugiado Living Water Community (LWC), una especie de brazo ejecutor de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) en Trinidad y Tobago.
La LWC calcula que cada semana reciben entre 150 y 180 venezolanos pidiendo asilo y proyectan que a final de 2018 al menos 10.100 estarán en la isla pidiendo protección, reveló la investigación de Armando.Info: Trinidad: La emboscada contra el “spanish” escrito por la periodista Isayen Herrera.
El diputado integrante de la comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Carlos Valera, denuncia que de los 82 venezolanos que fueron deportados hace cinco meses 15 tenían solicitudes de asilo ante la Acnur.
“En Trinidad no tienen legislación para atender temas migratorios y sobre la marcha han aplicado normas que son completamente punitivas para los migrantes y en el caso de los venezolanos la aplican con toda la fuerza dictando sentencias de hasta cinco años en la cárcel y hasta 5.000 dólares de multa”, expresa el parlamentario.
Desde la comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional adelantan enlaces con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para definir mecanismos de protección de los migrantes venezolanos en estos países caribeños.
Mientras Amnistía Internacional advierte que Curazao y Trinidad y Tobago “niegan protección a personas que salen de la crisis de Venezuela”.
“Es una vergüenza que el Gobierno de Curazao no haya establecido un procedimiento efectivo para solicitar asilo. En lugar de volver la espalda a quienes huyen de la grave crisis de Venezuela, las autoridades de Curazao deben garantizar los derechos de todas las personas solicitantes de asilo y refugiadas que necesitan protección internacional”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que las deportaciones colectivas están prohibidas por el derecho internacional, pues violan los principios de no penalización, no devolución y confidencialidad, así como los derechos al debido proceso y a la protección judicial.
El representante de Naciones Unidas en Trinidad y Tobago, Richard Blewitt, dijo este viernes, 2 de noviembre, que la organización que representa está preocupada por la suerte de los 82 venezolanos deportados desde ese país, incluidos solicitantes de asilo y personas que se declararon refugiadas, el pasado fin de semana.
NAM/Efecto Cocuyo
