El curso del procés ha vuelto a vivir un giro pronunciado. Este jueves, sin que estuviera previsto, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ha decidido dejar el libertad bajo fianza –de 75.000 euros– a Carles Puigdemont. Una medida que la defensa del expresidente de la Generalitat hará efectiva este viernes por la mañana con la caja de solidaridad de las entidades soberanistas. Sin embargo, más allá de la libertad provisional, la decisión que de la Audiencia Territorial del norteño land alemán que cobra mayor relevancia es el hecho de que ha descartado considerar el delito de rebelión dentro de la petición de extradición cursada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
La sala del tribunal alemán ha considerado que el delito de alta traición que contempla el código penal de Alemania no es comparable al de rebelión que señala el magistrado Llarena y que, en este caso, no se cumple “porque no se aprecia la característica de la violencia”.
Ante ello, la Fiscalía de Schleswig-Holstein, que sí decidió presentar la orden europeo de detención por ambos delitos y, por ende, representa los intereses del Supremo español, está estudiando si existe la posibilidad de recurrir. La defensa de Puigdemont, en palabras de su abogado Jaume Alonso-Cuevillas, ha sostenido al respecto que si bien es posible que se pueda llegar a interceder recurso como en cualquier procedimiento judicial, no cree que se lleve a cabo.
En todo caso, el proceso extradición de Puigdemont sigue su camino sobre el otro delito marcado en la euroorden, la malversación de caudales públicos. En el comunicado facilitado este jueves por la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein se advertía que “para decidir si se produce esta entrega hay que aclarar circunstancias y tener más información”. O lo que es lo mismo, más datos y más tiempo para estudiar la extradición por malversación.
La normativa que regula las euroordenes no establece unos tempos determinados, pero sí que fija un plazo máximo de 60 días –prorrogables hasta 90 en casos excepcionales. La media, en todo caso, se sitúa en las 48 jornadas, aunque se podría resolver en apenas semanas.
Si la justicia alemana decidiera extraditar a Puigdemont por malversación, el Tribunal Supremo de Madrid sólo podría juzgar al 130.º presidente de la Generalitat en suelo español por este mismo delito, sin poder imputar la rebelión. Un aspecto fundamental, dado el delito de rebelión –con penas de hasta 30 años, muy superiores a la malversación– es el que determina y sustenta el grueso de la acusación sobre el núcleo duro de los procesados por el magistrado Llarena.
Éste es, de hecho, el delito de mayor calado del que se acusa a los políticos y personalidades independentistas encarceladas: el exvicepresidente Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, el expresidente de la ANC y diputado de JxCat Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart. También se les imputa a Toni Comín, Clara Ponsatí y Marta Rovira –desplazados a Bélgica, Gran Bretaña y Suiza, respectivamente.
El delito de malversación contempla penas máximas de cinco a ocho años de cárcel, lejos de los 30 años a los que puede llegar la rebelión con violencia grave. En concreto, según el artículo 432 del Código Penal español, la malversación fija penas de dos a seis años –con inhabilitaciones de seis a diez años. Una horquilla que puede estirarse hasta los ocho años de prisión e inhabilitación si el “daño es grave”. A ello se enfrentaría Puigdemont si fuera extraditado por este delito.
En este sentido, cabe recordar que el pasado mes de diciembre el juez Pablo Llarena decidió retirar una primera euroorden sobre Puigdemont, Comín, Ponsatí, Serret y Puig –entonces los cinco en Bruselas– para evitar que las autoridades judiciales belgas redujeran la posibilidad de juzgar a los exmiembros del Govern por rebelión si los extraditaba sólo por prevaricación.
Medidas cautelares
Si el escenario al que se llega es el de una extradición de Puigdemont por malversación, la defensa del expresident sí que podría recurrir ante instancias judiciales superior hasta llegar al Tribunal Constitucional alemán, un extremo que ya planteó su abogado teutón Wolfgang Schomburg.
Por contra, si se retirara la euroorden –o solamente se mantuviera orden de detención en territorio español, como sucedió en diciembre–, Puigdemont tendría libertad de movimientos por el resto de Estados. Un caso similar al que se alcanzaría si Alemania denegara la extradición. Todo está en manos de las instancias judiciales, dado que tanto el Gobierno federal alemán como el Ejecutivo español han manifestado su intención de no interponerse en decisiones judiciales.
Mientras no se llega a futuras etapas, lo cierto es que Puigdemont queda este viernes en libertad con medidas cautelares mientras se resuelve el proceso. Unas medidas que, por ejemplo, le obligan a personarse regularmente ante la policía y le prohíben salir de Alemania. Todo ello el mismo día que Puigdemont ha podido votar de forma delegada por primera vez esta XII Legislatura en el Parlament. Y es que mientras avanza el curso judicial, tampoco se para el frente político.
NAM/La Vanguardia
