Una representación de laboristas de la planta Los Haticos de la Cervecería Regional C.A. situada en el sector Haticos por Abajo, en Maracaibo, estado Zulia, protagonizaron una protesta frente a la compañía exigiendo justicia laboral y reivindicativa, así como el acatamiento inmediato y cabal de todas las órdenes administrativas que ellos aseguran ha emitido el Ministerio del Trabajo a la empresa.
Los trabajadores Luis Rodas y Arnoldo Arape, expresaron que “La Regional” ha cometido una serie de irregularidades administrativas desde el cierre de la planta Los Haticos afectando a un grueso de la masa laboral que allí se encuentra, entre los cuales existen empleados que estaban en proceso de jubilación, quienes, perderían sus pensiones y beneficios por un despido injustificado.
Con más de 15 años de servicio como ayudante mecánico en la compañía cervecera, Luis Rodas manifestó que “ellos hicieron una ecuación sencilla, dolarizaron y aumentaron progresivamente el precio del producto bajando así la producción, para luego simular un cierre inminente bajo la complacencia del sindicato y despedir a más de 350 trabajadores, donde, la gran mayoría estaban en plan de jubilación destruyendo así el patrimonio familiar de estos trabajadores que dedicaron toda una vida al servicio de esta empresa y hoy claman ayuda al Estado Venezolano”.
Tácticas, despidos y maltrato
Rodas explicó que “son nuestros derechos reivindicativos; la Ley del Trabajo nos ampara, no pueden despedir a 350 personas injustamente y menos cuando en su mayoría estamos en trámites para que nos salga nuestra jubilación, es una jugada muy malintencionada que no estamos dispuestos a aceptar”.
“Ya he pasado por este momento aciago –detalló el trabajador- en 2018 fui despedido, pero, inicié mi lucha para que se me reenganchara nuevamente, porque, no se justificaba el despido y en ese proceso duré cuatro años sin respuestas, porque, la empresa desacataba todas las ordenes administrativas de reenganche y pagos de salario”.
Denuncia acoso laboral
Rodas agregó que a través de un amparo interpuesto ante el Ministerio Público fue que logró “un reenganche a medias, porque me lanzaron para un cuarto de una recepción sin aire acondicionado, totalmente aislado, sin condiciones físicas decentes y víctima, además, de acoso laboral; me han maltratado física y verbalmente y me viven amenazando, todo eso reposa en una denuncia que interpuse ante la Fiscalía”.
Por si fuera poco, Rodas asevera que “me tienen vigilado con cámaras ocultas en el sitio donde estoy trabajando y eso ha sido una lucha desgastante, me han desgastado mentalmente, pero, estoy resistiendo, porque, de mí depende mi familia y yo lucharé por lo que me corresponde por ley luego de haber prestado mis servicios durante tantos años en esta empresa”.
Denunció, asimismo, que al padecer COVID-19, la empresa “por intermedio del seguro” le cubrió su tratamiento médico en la clínica, “pero, luego me vinieron a cobrar todo lo que se gastó durante mi tratamiento médico y es injusto, porque para eso es el seguro. A mí, como trabajador no se me cancela ningún beneficio como a los demás compañeros ¿por qué? Bueno, porque yo no me les quedo callado y lucho por lo que son mis derechos y el de los compañeros, ellos están en permanente desacato, cada injusticia que he denunciado ha tenido una respuesta y la empresa, simplemente, desacata esas órdenes”.
Otro trabajador afectado
Arnoldo Arape, Ayudante Mecánico con 23 años de servicio y quien tiene una Providencia Administrativa de Reenganche a sus labores y pagos de los beneficios del contrato colectivo que la empresa se niega a cumplir, detalló la injusticia en su caso particular.
“La Cervecería Regional cerró planta Maracaibo, donde laboraban más de 350 trabajadores, aprovechando la llegada de la pandemia para trasladar toda su producción a planta Cagua, en Aragua, donde su personal tiene menos años de servicios, pretendiendo así manipular la ley y alegar un cierre técnico amparándose en el artículo 148 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) argumento que se desmonta fácilmente ya que ambas plantas siguen teniendo la misma razón social”.
“Estamos resteados e iremos a donde sea”
Son 350 trabajadores, todos con sus casos particulares, pero, quienes más salen afectados son aquellos con más años de servicio y que están en tiempo y trámite de jubilación, por lo cual aseguran ir hasta donde sea necesario para hacer cumplir la ley en el beneficio de la masa laboral.
“El llamado es al ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro; al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, al Fiscal General de la República, al Ministro del Trabajo, Defensoría del Pueblo y a todas las autoridades para que intercedan, evalúen cada caso y en consecuencia obliguen a la empresa a cumplir con lo que establece la ley. Nosotros no estamos exigiendo nada más que lo que establece la ley y que por ley nos corresponde”.
NAM/Génesis Suárez
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