El control de los recursos financieros del Estado por parte del gobierno de Nicolás Maduro, según analistas, es el mecanismo de subsistencia que le permite sostener toda su estructura de monopolios para mantener el poder, pero esa realidad podría verse afectada debido a que este lunes el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial: el CIADI (Centro Internacional de Arreglos y Diferencias) emitió una sentencia en la que determinó la reducción parcial de la deuda que Venezuela contrajo con la empresa energética estadounidense ConocoPhillips hace tres años, informó la agencia Reuters.
La Procuraduría Especial de la República designada por Juan Guaidó, presidente de la AN, logró que el Banco Mundial redujera la deuda con ConocoPhillips de 8.700 millones de dólares a 8.500 millones de dólares. Esa Procuraduría, paralela a la Contraloría General de la República (controlada por Maduro), está a cargo del abogado constitucionalista José Ignacio Hernández, quien funge como procurador especial de la nación en respaldo al autodenominado «gobierno interino» de Guaidó.
Asimismo, la Procuraduría, en la vocería del abogado Hernández, informó que el beneficio para Venezuela es de más de 200 millones de dólares, lo cual implica que la República se ahorrará esa importante suma.
Esta victoria legal de Venezuela en el CIADI supone un respiro financiero para reducir la enorme presión que tiene el flujo de caja del país. El detalle está en que esos recursos podrían ser objeto de litigio entre los equipos financieros de Guaidó y Maduro, quienes se encuentran en una pugna política por el poder, según expertos en ciencias políticas.
Un vocero de la petrolera estadounidense dijo a Reuters que la compañía no cuestionará la decisión del Banco Mundial de reducir el pago.
En agosto de 2018, ConocoPhillips decidió embargar un tanquero de crudo de la estatal venezolana PDVSA por conflictos contractuales entre ambas empresas, tras lo cual la petrolera nacional le pagó una indemnización por el orden de los 2.000 millones de dólares.
“Seguimos comprometidos a buscar todas las vías legales disponibles para obtener una recuperación completa y justa”, señaló esa fuente de Conoco consultada por Reuters.
La deuda corresponde al reclamo por daños que introdujo ConocoPhillips ante el Estado venezolano por la expropiación en 2007, pues el gobierno del expresidente Hugo Chávez se apropió unilateralmente de equipos y maquinaria de Conoco violando los acuerdos suscritos por ambas compañías cuando la norteamericana comenzó a prestarle servicios de flete a PDVSA desde Venezuela para trasladar y vender su crudo en Estados Unidos.
La República logra una victoria en el caso ConocoPhillip, al lograr la rectificación del laudo dictado en su contra y obtener así un ahorro superior a 200 millones de dólares. La Oficina del Procurador Especial sigue trabajando en la defensa del Estado: https://t.co/5J8PRDL2B1
— Procuraduría Especial de la República de Venezuela (@DeProcuraduria) September 2, 2019
NAM/Ricardo Serrano (Twitter: RS_Journalist)
